El exvicepresidente económico del Gobierno y ex secretario general del FMI Rodrigo Rato declaró ayer ante el juez que cobró por sus servicios como conferenciante entre 2007 y 2012 y durante 2014 de forma legal, al igual que "muchas otras personas", ya que desde 2002 es "plenamente legítimo" en España "facturar a través de empresas", señaló.
Rato, que prestó declaración por el supuesto fraude fiscal en el cobro de conferencias (una de las causas judiciales que se siguen contra él), alegó que es víctima de un "claro caso de discriminación" dado que a "otras personas con biografías similares y con responsabilidades similares o superiores" a las suyas -alegó- no se les ha atribuido delito fiscal alguno.
Una de las conferencias que pronunció en el periodo el expolítico gijonés y expresidente de Bankia la protagonizó en Oviedo el 27 de febrero de 2009 en un acto organizado por Caja España, una entidad que luego fue intervenida y nacionalizada.
En su denuncia, la Fiscalía Anticorrupción atribuye al exministro responsabilidades por el ejercicio 2012, año que no ha prescrito y en el que se habrían defraudado, a falta de cifras definitivas, al menos 672.329 euros. Esta cuantía "superaría los 120.000 euros" establecidos por el Código Penal como delito.
Según la Guardia Civil, entre 2007 y 2012 y durante el ejercicio 2014, la sociedad mercantil Arada, propiedad de Rato y de su exmujer, facturó a la empresa Bureau Consulting de Conferenciantes (BCC) 1,7 millones de euros.
