13 de abril de 2018
13.04.2018
El presunto fraude en las subvenciones a la formación

UGT niega irregularidades en los cursos sin aceptar las preguntas de la Fiscalía

El sindicato afirma que las ayudas estaban controladas por el Principado y que contestará al ministerio público cuando concrete de qué le acusa

13.04.2018 | 14:26
En primer término, Abel Suárez, a la izquierda, y Francisco Alonso, saliendo del Juzgado en Oviedo.

El secretario de Organización de UGT de Asturias, Abel Suárez, negó ayer ante la juez que el sindicato cometiera irregularidades en la gestión de las ayudas a la formación que le concedió el Principado. Suárez declaró en representación de UGT -organización investigada es este caso de presuntos delitos de fraude en subvenciones y falsedad documental- y sólo aceptó las preguntas de su defensa, en ningún caso las de la Fiscalía anticorrupción.

Ante la juez sustituta del juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo, Abel Suárez habló sobre el funcionamiento general de las subvenciones y sobre la forma en la que están controladas e intervenidas desde el Principado de Asturias. "Lo explicó con toda claridad y creo que quedó claro que ninguna irregularidad puede haber", señaló Francisco Alonso, abogado que representa a UGT y que formuló las preguntas a Abel Suárez. "Se negó a responder a las preguntas del fiscal y del resto de las acusaciones y ni se traía aprendidas las respuestas a su abogado porque las leía. Incluso le llamó la atención la juez por ello", apuntó Alberto Suárez, abogado que representa al Observatorio Anticorrupción (OCAN), una de las entidades denunciantes.

La defensa de UGT explicó que Abel Suárez no respondió a las cuestiones planteadas por el fiscal porque el propio representante del sindicato se había ofrecido a declarar en 2015 cuando fue presentada la denuncia por posibles delitos de fraude en subvenciones en el periodo 2010-2014 y falsedad documental y que entonces el ministerio público no lo consideró necesario . "Al representante de UGT le mandaron para casa y si entonces no tuvo que declarar porque no le acusaban de nada, pues ahora está en la misma condición porque la denuncia no se ha ampliado", señaló Francisco Alonso, que añadió que "las defensas se hacen frente a acusaciones concretas y en el momento en el que nos expliquen en qué año, en qué subvención y de qué forma se supone que UGT ha desviado dinero o ha hecho algo que no tenía que hacer, pues volveremos".

Antes de la declaración como investigado del representante UGT habían declarado también ante la juez otras cinco personas en calidad de testigos. En concreto fueron citadas dos trabajadoras de Infastur que también realizaron tareas para Unigem, empresas vinculadas a UGT que podrían haber facilitado al sindicato y su fundación IFES, que gestionaba los cursos, la facturación necesaria para justificar ante el Principado gastos ficticios. También declararon dos trabajadoras que prestaron servicios para IFES en un local de Navia y que tenían cargos en UGT de Occidente. "Sobre esas aulas de Navia hay bastantes dudas porque primero el local lo había alquilado IFES. Luego lo contrata Localmur (otra empresa vinculada a UGT) y se lo alquila a IFES más caro y además una parte del local es de UGT y también se paga por él", explicó Alberto Suárez, el representante legal del OCAN.

El abogado de UGT señaló que esas cuatro testigos solicitados por el fiscal ya habían declarado anteriormente ante la UCO de la Guardia Civil y ante la juez "no aportaron nada relativo a la causa". La quinta persona que declaró como testigo fue José Luis Hidalgo, que fue dirigente tanto de IFES como de Infastur y que públicamente había puesto en cuestión el proceder de estas organizaciones en relación a los cursos. Tanto acusación como defensa señalaron que ante la juez Hidalgo habló únicamente de "sospechas" y resaltaron que sus responsabilidades en esas organizaciones fueron anteriores al periodo investigado 2010-2014.

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