La dirección de Liberbank se opuso ayer en la Audiencia Nacional a la pretensión de los sindicatos para la ejecución de las sentencias judiciales que anularon el expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que aplicó el banco entre junio y noviembre de 2013. Mientras los sindicatos reclaman las cantidades retenidas a la plantilla (entre 60 y 70 millones, según estimaciones sindicales, y 6 millones, según dijo entonces la entidad), el banco planteó ayer que el derecho de devolución habría prescrito y que, en todo caso, y de no ser así, debería practicarse de forma individualizada y no colectiva. El caso quedó visto para sentencia.

El ERTE de 2013, que supuso recortes de jornada laboral y de salarios, así como de determinados derechos sociales a los trabajadores, fue anulado por la Audiencia Nacional por violación del derecho a la libertad sindical al haber sido negociado y pactado exclusivamente con UGT y CC OO, razón por la cual fue recurrido por CSICA, STC y CSI. La sentencia anulatoria de la Audiencia Nacional, dictada en noviembre de 2013, fue ratificada luego por el Tribunal Supremo.

Sendos fallos ulteriores precisaron que la entidad debía restablecer las condiciones laborales y salariales de la plantilla no sólo en la situación previa al 25 de junio de 2013 (cuando pactó con UGT y CC OO el ERTE luego anulado) sino en las preexistentes a los ajustes laborales que el banco había aplicado con anterioridad (entre el 16 y el 25 junio) de forma unilateral, una vez que había fracasado la negociación de un ERTE previo (entre abril y mayo) con el conjunto de la representación laboral.

El conjunto de los sindicatos se opusieron ayer a los planteamientos de la empresa y reclamaron la ejecución colectiva de la anulación del ERTE, al entender que el mecanismo individualizado puede ser disuasorio.