Más de una decena de ayuntamientos de Asturias han aprobado o tramitan ordenanzas municipales para cobrar a las empresas eléctricas por el paso de las líneas de transporte de energía. Sin embargo, ni un sólo ayuntamiento ha conseguido recaudar un euro con esas tasas por el aprovechamiento especial del dominio público debido a los recursos judiciales que han presentado las compañías afectadas. Además, Red Eléctrica de España, el operador de las redes de alta tensión, ha anunciado que seguirá impugnando todas las ordenanzas.
Ayuntamientos como Morcín, Lena, Corvera o Cabrales ya hace tiempo que aprobaron estas ordenanzas fiscales y otros como Mieres, Amieva, Cangas de Onís, Parres, Ribadesella o Piloña tramitan la aplicación de estas tasas después de que el Tribunal Supremo respaldara las ordenanzas de ayuntamientos como los de Arteixo (La Coruña), Serradilla (Cáceres) y Villalcampo (Zamora) al considerar que eran "proporcionadas".
La ley de Haciendas Locales de 2004 facultó a los municipios a cobrar a las empresas por el uso del suelo, subsuelo o vuelo del dominio público para redes eléctricas, de hidrocarburos o de aguas. La norma estableció dos fórmulas: una para aquellas empresas y redes que suministran a la localidad o a su mayor parte, que tributan el equivalente al 1,5% de los ingresos obtenidos en el concejo, y otra para el resto de compañías o infraestucturas que atraviesan el territorio. Algunos ayuntamientos de la región están cobrando la primera versión de la tasa, pero la segunda aún no se pudo aplicar en ninguno por la dificultad para hallar una fórmula que, con encaje legal, determine el "valor de mercado" que se le da a la utilidad obtenida por las compañías con la utilización del suelo de dominio público.
Arteixo, Villalpando y Serradilla lograron el respaldo del Supremo porque fundamentaron sus ordenanzas en un complejo modelo técnico con el que se calcula el valor de la utilidad obtenida por la empresa considerando, no sólo el valor catastral del suelo ocupado, sino otros elementos (el valor de las instalaciones, por ejemplo) y una aproximación al aprovechamiento que consigue la empresa.
"Desde hace unos años hay ayuntamientos que nos liquidan determinadas tasas por el aprovechamiento especial del dominio público y en la mayoría de los casos con unos importes desproporcionados", señaló Eva Pagán, directora de Transporte de Red Eléctrica de España (REE), que añadió que "recientemente el Tribunal Supremo se ha pronunciado aceptando algunas de las tesis planteadas por los ayuntamientos, pero desde Red Eléctrica seguiremos recurriendo esas tasas porque, aunque acatamos lo que digan los tribunales, en nuestra opinión creemos que no están acordes con lo dispuesto en la Ley Reguladora de Haciendas Locales y que no deberían dejarse a la discrecionalidad de los ayuntamientos, que debería tratarse de forma global y, a nuestro juicio, proporcionada".
De todas formas, fuentes de REE apuntaron que si finalmente se desbloquean todas esas ordenanzas fiscales, ese sobrecoste en el transporte podría acabar trasladado al recibo de la luz que pagan los usuarios.
