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La devolución de las plusvalías, en el aire por un pulso entre Hacienda y los ayuntamientos

La FEMP pide a Montoro que el Estado asuma el reintegro del dinero "cobrado injustamente" a miles de contribuyentes

La devolución de las plusvalías, en el aire por un pulso entre Hacienda y los ayuntamientos

El proyecto para reformar el impuesto municipal de plusvalías y adecuarlo a la sentencia que declaró su regulación parcialmente inconstitucional en 2017 está en tramitación parlamentaria en el Congreso y la negociación previa que el Ministerio de Hacienda mantuvo con los alcaldes a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sugiere que los cambios serán aprobados próximamente con un amplio consenso. Sin embargo, está en el aire y sin fecha la compensación para los contribuyentes que tienen derecho a que se les devuelva el dinero. El departamento de Cristóbal Montoro y los ayuntamientos están enfrentados sobre una asunto que afecta a centenares de asturianos que han vendido o heredado inmuebles en años recientes.

El preámbulo de la proposición presentada el pasado marzo por el Grupo Parlamentario del PP dice lo siguiente: "Esta ley tiene por objeto dar rápida respuesta al mandato del Alto Tribunal de llevar a cabo las modificaciones o adaptaciones pertinentes en el régimen legal del impuesto como consecuencia de la sentencia". La "rápida respuesta" se aprobará semanas después de que, el 11 de mayo, se cumpla un año del fallo del Tribunal Constitucional que consideró contraria a la Carta Magna una parte de la regulación estatal, como antes hizo con las normativas forales vasca y navarra. Específicamente, se declaró inconstitucional gravar con el llamado impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana transmisiones de inmuebles realizadas con pérdidas, sin aumento efectivo del valor. El tributo grava la revalorización del suelo y afecta a los particulares que, por ejemplo, venden pisos o los heredan, en la medida en que a la vivienda le corresponde una parte alícuota del solar sobre el que está construida.

La crisis inmobiliaria, con un hundimiento del precio de la vivienda y del suelo urbano que en este último caso llegó a ser del 60% en Asturias, provocó que fueran muy frecuentes la ventas con pérdidas. A menudo la plusvalía era por tanto irreal, pero el mecanismo de liquidación del tributo municipal, que parte de la tasación catastral, da como resultado de manera sistemática que siempre existe incremento del valor.

El proyecto de reforma resuelve esa cuestión estableciendo que "no se producirá la sujeción al impuesto en las transmisiones de terrenos respecto de las cuales el sujeto pasivo (vendedor o heredero) acredite la inexistencia del incremento de valor". Acreditarlo será posible aportando los importes que aparecen en las escrituras públicas, aunque la nueva regulación establece también que se tomará como valor de la venta el comprobado por la Administración tributaria autonómica si resulta mayor que el de la escritura. Este punto inclina la balanza a favor de los recaudadores en la medida en que es frecuente que las valoraciones que hace la Administración -partiendo del valor catastral e incrementándolo con unos coeficientes que varían según el municipio, en el caso de Asturias- superen los precios de mercado.

Un año después de la sentencia, los ayuntamientos, entre ellos los asturianos, han seguido recaudando la plusvalía por lo general en todos los casos, incluidos aquellos en los que no hubo aumento de valor. Una parte de estos contribuyentes ha formulado reclamaciones ante los municipios o los tribunales administrativos. Del texto de la proposición de reforma se infiere que los ciudadanos o empresas que hayan pagado por plusvalías inexistentes a partir del 15 de junio de 2017 (fecha de publicación oficial de la sentencia del Constitucional) tendrán derecho a la devolución del dinero (frecuentemente, cantidades superiores a los mil euros). Otras interpretaciones de juristas sostienen que ese mismo derecho a la devolución lo pueden tener quienes pagaron la plusvalía en años anteriores a la sentencia, en especial en los casos en que se abonó el tributo mediante un procedimiento de autoliquidación.

Hasta ahora ni Hacienda ni los ayuntamientos han precisado a quiénes se devolverá el dinero y a través de qué mecanismo. Es más, el presidente de la FEMP y alcalde de Vigo, Abel Caballero, ha reconocido que existe un pulso con Montoro en este terreno. "¿Lo vamos a pagar nosotros o tendrá que pagarlo quien legisló, que fue el Estado?", interrogó retóricamente Caballero en unas declaraciones a Efe. Reconoció que la respuesta "está sin resolver" y fijó así la posición de los consistorios: "El Gobierno debe comprometerse" para devolver "lo cobrado injustamente" a los ciudadanos.

Los ayuntamientos quieren añadir a la reforma de la ley de Haciendas Locales la creación de un fondo estatal para que los contribuyentes recuperen su dinero". Abel Caballero no concretó el importe de las devoluciones, pero dijo que la factura podría ser de "miles de millones". El impuesto de plusvalías recaudó en toda España en 2016, último ejercicio con datos cerrados, 2.577 millones de euros. En ese mismo ejercicio, los asturianos pagaron 42,5 millones de euros, el 42% más que en 2007, en los más alto de la burbuja inmobiliaria española que estalló al año siguiente.

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