Las cabinas telefónicas que quedan en funcionamiento tienen los días contados por decreto, al igual que la obligación de poner a disposición de los usuarios las guías telefónicas. Tras varios años de dudas, el Gobierno central se muestra a favor de eliminar estos servicios, según se infiere del borrador de la norma que ayer salió a información pública. En Asturias, quedan operativas aún 388 cabinas. Telefónica, la compañía que las gestiona, pretende deshacerse del servicio debido a que el auge de la telefonía móvil las ha dejado casi sin uso y generando pérdidas. Y, además, muchas de ellas son un foco constante de actos vandálicos.

El decreto recoge que algunos de los que hasta ahora se consideran como "servicios universales" (de prestación obligatoria) "van cayendo en un progresivo desuso". Se pone así el punto de mira en la existencia de las guías telefónicas y de una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago. "La generalización de la cobertura y uso de los servicios de telefonía y datos móviles ha hecho que la utilización de las cabinas haya disminuido sensiblemente", expone el texto.

Ya en el verano del año pasado Telefónica decidió cerrar la filial que tenía para la gestión de las cabinas (Telefónica Telecomunicaciones Públicas), aunque el Gobierno le pidió que siguiera gestionándolas hasta, por lo menos, finales de este 2018. Esto ocurría unos meses después de que el Ministerio de Energía convocara un concurso público para la explotación de estas cabinas que quedó desierto. Ningún otro operador quiso hacerse cargo de ellas. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) también ha cuestionado en alguna ocasión este servicio y le ha pedido al Ejecutivo que elimine la obligación de tener un determinado número de teléfonos públicos en las calles. En España hay unas 18.000 cabinas. De ellas, 12.000 ya no son rentables.

La ley general de Telecomunicaciones garantiza que todos los ciudadanos tengan acceso a servicios de telecomunicaciones "con independencia de su localización geográfica, con una calidad determinada y a un precio asequible". Esto ha implicado hasta ahora llevar la red de telecomunicaciones a cualquier punto del país, incluidas las zonas no rentables, pero también garantizar una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago.

En el reglamento del servicio universal se establece que todo municipio con más de mil habitantes deberá tener al menos una cabina instalada, y además se tendrá que instalar una cabina adicional por cada tres mil habitantes. Una encuesta de la CNMC revelaba que el 88% de los españoles jamás ha utilizado una cabina y, según datos de Telefónica, alrededor de la mitad de las cabinas no cursan ni una sola llamada. A mayores, Telefónica alega que pierde unos cinco millones de euros al año con la gestión de estas cabinas.