Las dos cajas rurales asturianas (la de Asturias y la de Gijón) someterán a sus respectivas asambleas la constitución de un fondo común con las otras 27 cooperativas de crédito españolas integrantes de la Asociación Española de Cajas Rurales que les permitirá actuar de forma solidaria y mancomunada para acudir al rescate de cualquiera de ellas si alguna incurriese en una situación crítica en el futuro. Con esta fórmula, este colectivo de cajas rurales preserva y garantiza la independencia y autonomía de todas ellas y elude las distintas modalidades de fusión, consolidación o mutualización de riesgos que los reguladores españoles llegaron a barajar desde 2012 para este tipo de intermediarios financieros.
La figura de colaboración a la que se acogerán las cooperativas de crédito integradas en la Asociación Española de Cajas Rurales supondrá el estreno en España de los denominados Mecanismos Institucionales de Protección (MIP), que fueron aprobados por el consejo de ministros en junio del año pasado y que, inspirados en modelos europeos ( sobre todo alemanes), permite a las entidades partícipes dotarse de forma conjunta de colchones de capital con capacidad de absorción de pérdidas en caso de resolución de alguna de ellas.
La ley permite dos modalidades: los MIP reforzados (que mutualizan al 100% los beneficios y riesgos, y que cuentan con una entidad de cabecera que dirige el grupo) y el denominado MIP normativo (por el que ha optado este grupo de cajas rurales), que exime de mutualizar balances y resultados, y sólo exige la constitución de un fondo de garantía privado que se utilizará en el caso de que alguna de las entidades partícipes presentase un déficit de recursos propios. La participación en este fondo entraña una mejora del perfil de riesgo de cada integrante del MIP.
En este fondo participarán las 29 cajas rurales que lo impulsan y el Banco Cooperativo Español, del que todas ellas son accionistas, al igual el banco cooperativo alemán DZ. Las 30 entidades harán aportaciones progresivas al fondo hasta alcanzar una dotación de 300 millones. El 60% de las aportaciones se deducirán de las que son obligatorias para todas las entidades de crédito al Fondo de Garantía de Depósitos.
La previsión es que todas las cajas rurales (incluidas la de Asturias, presidida por José María Quirós, y la de Gijón, que encabeza Jesús Fuentes Villa) aprueben en asamblea antes del junio su incorporación al MIP.
Las cajas rurales, que en su mayoría suelen tener elevados coeficientes de solvencia, ya tienen experiencia en acudir al rescate de sus congéneres, pero hasta ahora se hacía mediante operaciones diseñadas específicamente para cada caso, como ocurrió en el transcurso de diversas crisis financieras que vivió España. El último precedente se produjo el año pasado, cuando las cooperativas del también denominado Grupo Caja Rural compraron activos inmobiliarios por 320 millones a Bantierra para que esta entidad (resultante de la fusión de Multicaja y Cajalón), restableciese sus niveles de solvencia.
Caja Rural de Asturias, de ámbito regional, tiene más de 119.000 socios cooperativistas asturianos y Caja Rural de Gijón, que opera en Gijón, cuenta con más de 6.000.
Un reciente estudio del profesor Joaquín Maudos para el IVIE constató que en 13 de los 78 concejos asturianos, que suman el 1,3% de la población regional, la única presencia de oficinas financieras la aportan las cooperativas de crédito.
