Llega una nueva batalla legal entre los consumidores y la banca: las comisiones de apertura de las hipotecas. Los tribunales asturianos están dando mayoritariamente la razón a los clientes en esta nueva contienda judicial en la que está en juego la devolución de cantidades que a menudo rondan los mil euros por préstamo, según calculan los abogados, y que en algunos casos puede llegar a los tres mil. Jueces de primera instancia y magistrados de la Audiencia Provincial están sentenciando que esta comisión, incluida en una gran mayoría de estos préstamos, es abusiva y por tanto nula debido a que la entidad financiera no ofrece a cambio ningún servicio. Fuera del Principado las cosas no están tan claras y hay divergencias en los fallos judiciales, ya que en comunidades autónomas se está dando la razón a la banca y rechazando la devolución del dinero. Esta comisión puede oscilar entre el 0,25 y el 3% del total del capital prestado y se abona en un solo pago.
En Asturias, los jueces no parecen tener duda alguna. Muchos de estos asuntos ya han llegado incluso a la Audiencia Provincial, que ha ratificado de forma sistemática los fallos que le van llegando desde primera instancia y que obligan a los bancos a reintegrar el dinero de esas comisiones. En una de esas sentencias, firmada por los magistrados Francisco Tuero, Nuria Zamora y Ángel Luis Campo, se expone que la entidad financiera fue incapaz de justificar el cobro de la tasa. Y concluyen: "Estamos, por tanto, ante una estipulación que se pone de forma unilateral por la entidad financiera en la escritura del préstamo". Con lo que la declara nula y obliga a la entidad a devolver los 571 euros que el banco había cobrado por la gestión inicial del crédito. Hay numerosos pronunciamientos más en la misma dirección.
El abogado asturiano Juan Rodríguez-Ovejero, especialista en este tipo de asuntos judiciales, asegura que "para abrir un préstamo el banco no tiene que hacer nada, muchas veces sólo hace falta un clic en internet". La banca justificaba esta comisión como compensación por el trabajo administrativo que le suponía poner en marcha los préstamos. Los jueces no lo ven así y consideran que la tasa es desproporcionada. Sobre todo, porque suele venir acompañada por otras similares, como la que las entidades cobran por el estudio de la operación. Otro de los abogados asturianos especialistas en este tipo de casos, Ignacio García, señala que el dinero que se puede recuperar es bastante importante y supera muchos casos los 1.500 euros.
El problema, coinciden los letrados, es que muchos hipotecados no recuerdan haber pagado por esta comisión en su día, ya que queda sepultada por la multitud de gastos a los que tienen que hacer frente los hipotecados así de primeras. Sin embargo, García asegura que es bastante fácil saber si se ha pagado. "Suele figurar en la escritura del propio préstamo, generalmente en la cláusula cuarta", señala.
Vista la doctrina que aplican los jueces asturianos, muchos abogados están ya preparando demandas en las que se incluye la reclamación por la comisión de apertura junto a la del resto de gastos hipotecarios sobre los que se puede pedir la restitución del dinero, como el notarial, el del registro, el de la notaría o el de la tasadora. Lo único que el cliente no tiene derecho a reclamar, según una reciente sentencia del Supremo, es el impuesto de actos jurídicos documentados, cuyo pago corresponde al hipotecado. Para el resto hay vía libre.
Pero no en todas las regiones los jueces están poniéndose del lado del cliente, como ocurre en Asturias. El letrado Jorge Álvarez de Linera explica que, por ejemplo, en la vecina provincia de León los magistrados están dando la razón a la banca. "De otras provincias aún hay poca información porque muchos Juzgados aún no se han pronunciado, por lo que desconocemos aún que criterio tomarán", apunta.
Ante estas discrepancias, los letrados sospechan que el asunto puede acabar pronto en manos del Tribunal Supremo para que, aguas abajo, se pronuncie y marque el camino a seguir del resto de Juzgados nacionales. Aunque Jorge Álvarez de Linera matiza que "más o menos el alto tribunal ya se ha pronunciado, porque viene considerando con carácter general que las cláusulas por las que no se preste ningún servicio deben ser declaradas nulas".
Es un nuevo frente judicial para la banca, tras las cláusulas suelo, las hipotecas multidivisa o la oleada de demandas por los gastos de formalización de los préstamos.
