Agentes de la policía judicial se personaron esta mañana en la sede de la compañía Duro Felguera para recabar documentación y soportes informáticos en el curso de las investigaciones que sigue la Audiencia Nacional sobre el supuesto pago de sobornos por la compañía a expolíticos chavistas y funcionarios venezolanos entre 2008 y 2013 para lograr la adjudicación del proyecto de construcción de la central térmica de ciclo combinado de Termocentro, que fue contratada a la ingeniería asturiana en 2009.
La empresa y sus dos anteriores presidentes, Juan Carlos Torres y Ángel del Valle, que están investigados por esta causa, mantuvieron tanto ante la fiscalía anticorrupción como ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, el correcto proceder de la compañía.
Los agentes policiales se reunieron con directivos en la sede gijonesa de la compañía y reclamaron documentación sobre pagos, contratos y otros actos mercantiles. La policía recabó información a personal de los departamentos jurídico, informático y financiero, según algunas fuentes. En medios de la Audiencia Nacional no se ofreció esta mañana información sobre la operación.
La fiscalía acusa a Duro de haber pagado comisiones ilegales en Venezuela por un importe de 105,6 millones de dólares (unos 88,4 millones de euros actuales) entre 2008 y 2013 para la consecución de la obra de construcción de la central térmica de ciclo combinado de Termocentro en 2009 por un volumen de 1.500 millones de euros.
La querella de la fiscalía se dirige también contra cinco personas venezolanas y dos sociedades controladas por tres de ellos.
Todos los investigados han prestado ya declaración ante el juez, con la salvedad del venezolano Javier Alvarado, ex viceministro de Desarrollo Eléctrico en el Gobierno de Hugo Chávez, quien no se personó en las dos citaciones de que fue objeto. Alvarado solicitó declarar por vía telemática y ahora está pendiente de que el juez resuelva el recurso que interpuso.
