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Sucesiones baja más en Extremadura, Andalucía y Aragón que en Asturias

Los socialistas aragoneses pactan con Cs una bonificación del 99% a herencias de hasta 500.000 euros que deja corta la reforma asturiana

Sucesiones baja más en Extremadura, Andalucía y Aragón que en Asturias

Los gobiernos regionales del PSOE se suman a la feroz competencia entre comunidades autónomas en las rebajas del impuesto de sucesiones. En enero fueron Andalucía y Extremadura las que aplicaron fuertes rebajas para los herederos directos (con la elevación del mínimo exento hasta el millón de euros en el primer caso y la bonificación del 99% en el segundo) y ahora es Aragón quien se prepara para ello. El Ejecutivo del PSOE y Ciudadanos han acordado una bonificación del 99% en las herencias de los aragoneses de hasta 500.000 euros. Todas estas reformas empequeñecen la modificación que el Gobierno del PSOE en el Principado acordó con el PP el pasado año para elevar el mínimo exento en Asturias hasta 300.000 euros.

Según el último estudio de fiscalidad autonómica del Registro de Economistas Asesores Fiscales de España (REAF-REGAF), Asturias es la segunda comunidad donde más impuestos paga un hijo que herede de su padre 800.000 euros incluida la vivienda habitual. Por encima del Principado está, precisamente, Aragón, comunidad donde, al igual que en Asturias, hay plataformas ciudadanas muy activas reclamando la supresión del polémico tributo.

La posición de Aragón como la comunidad autónoma donde más impuestos se pagan por herencias medias-altas podría cambiar en breve. El pasado lunes, el PSOE, partido que gobierna en Aragón en coalición con la Chunta Aragonesista, acordó con Ciudadanos una reforma del impuesto de sucesiones que incluye una bonificación del 99% para las herencia de hasta 500.000 euros que reciben ascendientes, descendientes y cónyuges.

El portavoz económico de Ciudadanos en Aragón, Javier Martínez, señaló que la rebaja "supone, en la práctica, la supresión de este impuesto en las clases medias" y el presidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, afirmó ayer que el acuerdo con Ciudadanos es "aislado y razonable" y que se rubrica a la espera de la armonización de este gravamen en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. A Lambán le parece "injusto" que los aragoneses tengan que pagar más por este tributo que otros españoles y mostró su confianza en que el acuerdo se amplíe, puesto que PSOE y Ciudadanos no suman los votos suficientes en las Cortes de Aragón para aprobar el proyecto de ley, que se presentará esta misma semana.

Un acuerdo entre PSOE y Ciudadanos también permitió que Andalucía, la comunidad que hasta el pasado año tenía el impuesto de sucesiones más alto, se convirtiera en una de las comunidades donde menos se paga por heredar, ya que ahora todas las bases imponibles que no superan el millón de euros están exentas del pago del tributo. La reforma de Andalucía entró en vigor el pasado enero, el mismo mes que Extremadura, gobernada también por el PSOE, comenzó a aplicar una bonificación del 99% para todas las herencias que reciben ascendientes, descendientes y cónyuges. El Gobierno del socialista Guillermo Fernández Vara aprobó esa medida alegando el mismo argumento que ahora utiliza el Gobierno de Aragón: que confía en que el Ejecutivo estatal del PP acabe fijando un umbral tributario mínimo a nivel nacional mediante la reforma de la financiación autonómica.

La reforma asturiana

Las reformas del impuesto de sucesiones en Andalucía, Extremadura y Aragón, casi al nivel de las aprobadas por comunidades gobernadas por el PP como Madrid, empequeñecen aún más las reformas aprobadas el pasado año por el PSOE en Asturias a cambio del apoyo presupuestario de los populares. En el Principado se aprobaron el pasado año dos modificaciones. La primera, que entró en vigor con el inicio de 2017, elevó el mínimo exento de 150.000 a 200.000 euros en el caso de los ascendientes, descendientes y cónyuges, y acabó con el denominado "error de salto". Y la segunda modificación, que se aplicó en junio de 2017, elevó el mínimo exento hasta 300.000 euros e introdujo reducciones por la adquisición de empresas familiares y explotaciones agrarias.

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