El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de Ley de Distribución de Seguros y Reaseguros privados, que establece nuevas normas de conducta y transparencia en la distribución de seguros e incrementa las multas máximas por incumplimiento hasta los cinco millones de euros, con el objetivo de aumentar la protección de los asegurados y establecer condiciones de competencia equitativa para todos los operadores del sector.
La nueva normativa traspone una directiva europea y afectará a más de 3.200 corredores de seguros y 77.000 agentes ya sujetos a supervisión y a todas las entidades aseguradoras que distribuyan directamente estos productos.
Entre las novedades se establece que los comercializadores de seguros deberán informar al cliente de todos los costes y gastos asociados, advertirle sobre los riesgos conexos a los productos de inversión basados en seguros y proporcionarle una evaluación periódica de la idoneidad del producto.
La norma también fija requisitos para el diseño, aprobación y control de los productos. Y se introduce el concepto de ventas cruzadas y, con él, la obligación del distribuidor de seguros de informar al cliente, cuando el contrato de seguro se ofrezca con otros servicios o productos, de si estos se pueden adquirir de forma separada y de los costes y gastos de cada uno.
Serán considerados distribuidores de seguros no solo las compañías y los mediadores, sino otros participantes en el mercado que distribuyan productos con carácter auxiliar, como agencias de viajes o empresas de alquiler de coches.
El Gobierno sostiene que la nueva ley persigue aumentar la protección de los asegurados con más transparencia y establecer condiciones de competencia equitativa.
