"Sé que voy a tener que marcharme de aquí porque no hay opciones de trabajo, tendré que coger las maletas y pagar alquiler en donde vaya a trabajar a la vez que pago la hipoteca del piso que compré en Cangas hace seis años". Así ve su futuro próximo Nacho Antón, de 33 años, electromecánico de la mina de Carbonar desde hace más de una década.

El horizonte del 31 de diciembre -momento en el que las empresas mineras deben cerrar y en caso que decidan seguir devolver las ayudas recibidas- sumado a la difícil situación que atraviesa Carbonar -que acaba de entrar en concurso de acreedores y se enfrenta a los efectos de un incendio que se declaró el pasado enero en la planta sexta de la explotación- hacen que la visión de futuro de los trabajadores sea pesimista. "Aunque era una muerte anunciada, se lleva mal porque es prematura y ahora peligran hasta las bajas incentivadas, está todo en el aire", lamenta Antón, que no ve alternativas para quedarse en su concejo: "No veo futuro para mí aquí".

A diferencia de los trabajadores de las empresas privadas que quedan en el Suroccidente (Uminsa en Tineo, Asturleonesa en Cerredo y Carbonar en Cangas del Narcea) los de la pública Hunosa tienen garantizado por convenio el empleo y entrar en la prejubilación hasta 2020.

Manuel Aumente fue minero y no tuvo que dejar Cangas del Narcea. Eran otros tiempos. Él se pudo prejubilar, en 2009, después de 21 años trabajando en la mina de Vega de Rengos, en el frente de arranque. Tiene claro que en el Suroccidente queda más carbón del que se ha extraído y que este combustible fósil se va a seguir quemando al menos hasta 2040. No obstante, reconoce que el futuro en la zona "es tan negro como el carbón por culpa de los gobiernos que quieren acabar con la minería". En su familia fueron todos mineros, su abuelo, su padre y sus hermanos. Él entró en 1988 y, aunque el acceso al trabajo no era inmediato como años atrás, si existía cierta seguridad. Recuerda que entonces las protestas mineras eran para exigir mejoras en el convenio. Pero a partir de finales de los noventa las cosas empezaron a cambiar y las huelgas comenzaron a ser "para defender la supervivencia de la minería".

Aumente y Antón coinciden en que la única oportunidad para el sector minero pasa por obligar a las centrales térmicas a quemar el carbón autóctono. Están seguros de que con el fin de la extracción en España el precio del carbón importado subirá.