Asturias tiene un saldo negativo crónico entre las empresas que deslocalizan sus sedes sociales y fiscales hacia otras comunidades y las que, procedentes de fuera, eligen establecerse en la región. Sistemáticamente, son más las primeras que las segundas, y así volvió a ocurrir en 2017 (ver gráfico junto a estas líneas) y también en los primeros meses de este año. Es común que tales mudanzas obedezcan a razones de mercado u otras de estrategia del negocio, aunque también se atribuyen a la atracción que ejerce Madrid por su baja fiscalidad en tributos relevantes para las empresas y para sus propietarios o altos directivos: los impuestos de sucesiones y patrimonio y el IRPF de las rentas elevadas, todos más altos en Asturias. Expertos fiscalistas añaden otro asunto que, opinan, influye en las decisiones de deslocalización: la presión inspectora de la Agencia Tributaria en regiones pequeñas como Asturias.
"La presión fiscal que sienten las empresas en Asturias es mucho más alta de la que sienten en Madrid en primer lugar por el nivel de inspecciones tributarias que hay. En esta comunidad se puede decir que cualquier compañía de mediano tamaño está casi permanentemente bajo inspección, porque el número de esas sociedades es muy pequeño", responde Francisco Vaciero, presidente de la consultora Vaciero. Y asegura: "Esto ha llevado a la deslocalización de un número de empresas importante".
La impresión de que los negocios asturianos y en particular los que alcanzan cierta dimensión están sometidos en Asturias una presión inspectora singularmente alta fue chequeada años atrás por la Federación Asturiana de Empresarios (FADE). Asociados a la patronal que entonces tenían presencia a la vez en distintas comunidades corroboraron que los controles tributarios eran aquí más frecuentes que en otras partes y particularmente en comparación con Madrid.
¿Por qué es así? La Agencia Tributaria no dispone de medios extraordinarios en Asturias y sus estrategias de lucha contra el fraude, reforzadas durante la crisis, son iguales en todas las comunidades. Francisco Vaciero y Andrés Álvarez Iglesias, abogado fiscalista de la firma ovetense José Ángel Álvarez Gutiérrez, coinciden en que la existencia de un número muy reducido de negocios medianos en Asturias hace que estén más expuestos a las inspecciones que en Madrid, donde se cuentan por miles ese tipo de sociedades. Más de 5.700 empresas madrileñas superan los veinte trabajadores, mientras que el número de las asturianas no llega a cuatrocientas. "Una empresa que puede destacar aquí, allí pasa desaparecibida", comenta Francisco Vaciero.
La experiencia de Andrés Álvarez le lleva a afirmar también que el factor de la presión inspectora es uno de los que pesa cuando una empresa asturiana o una familia con un patrimonio muy alto sopesa llevar su domicilio a Madrid, comunidad que concentra la mitad de las empresas que se mudan de Asturias. "Es frecuente tener clientes que acaban una inspección fiscal y tienen otra inmediatamente", explica el jurista.
Los resultados de recaudación de la Agencia Tributaria con las medidas de prevención y lucha contra el fraude reflejan que en la región, como en toda España, ha subido la intensidad de los controles: los ingresos de 2017 (235,5 millones) fueron el 13% superiores a la media del período 2014-2016, y los ingresos por sanciones (siete millones en 2016), vinculadas a las inspecciones sobre empresas, se duplicaron en relación a 2010.
"Aunque no exista incumplimiento tributario, las inspecciones suponen muchos trastornos y también gastos para las compañías", señaló una fuente empresarial. Otros profesionales consultados son críticos con aspectos como los incentivos de productividad que percibe el personal de la Agencia Tributaria. También con el tiempo y los costes que supone oponerse, por vía administrativa o judicial, a las actas de infracción que levantan los inspectores. El sistema incluye un incentivo para que las empresas tiendan a pagar en lugar de pleitear aunque se discrepe de la interpretación que Hacienda hace de las reglas fiscales: firmar la conformidad conlleva una rebaja del 50% en las sanciones. La alternativa puede ser un pleito costoso y de incierto desenlace.
