El consejero de Industria, Isaac Pola, destacó ayer que la reciente aprobación por parte del Gobierno central de un decreto sobre el sector gasista abre "la posibilidad" de poner en marcha de la regasificadora de Gijón, sin uso desde hace seis años. Enagás, compañía propietaria de la planta, está estudiando ese decreto, que permite retomar la tramitación administrativa de la planta y dedicarla a la recarta de buques ("bunkering").

El cambio de regulación del Gobierno levanta la "hibernación" de las instalaciones que, como la regasificadora asturiana, estaban en construcción en 2012 y cuya entrada en servicio se aplazó sin fecha porque la demanda de gas natural no justificaba su funcionamiento. La planta gijonesa podría funcionar en un plazo aún incierto si se legaliza su situación -la autorización fue anulada por los tribunales- y se considera económicamente viable la puesta en servicio total o parcial para actividadades como el "bunkering".

"Es un primer paso para rehabilitar el funcionamiento de la regasificadora", comentó el consejero Pola antes de participar, junto a representantes de FADE y de los sindicatos UGT y CC OO, en una reunión del Foro por la Industria.

La planta, que costó 382 millones de euros, se construyó para introducir gas en la red nacional desde el puerto de El Musel pero en los últimos años Enagás ha destacado que hay empresas interesados en utilizar la regasificadora de Gijón para otros usos como puede ser el almacenamiento de gas para grandes comercializadoras aprovechando la posición estratégica del puerto asturiano en el arco Atlántico, o el aprovechamiento de las instalaciones como centro para el repostaje de buques , ya que el gas natural licuado (GNL) cada vez se utiliza más como combustible para la navegación.