El Tribunal Supremo ha avalado las limitaciones que el anterior Gobierno, del PP, impuso por Real Decreto en noviembre de 2015 a la expansión de las empresas de vehículo de alquiler con conductor (VTC), caso de organizaciones como Uber y Cabify, al considerar que se trata de una medida "idónea y proporcionada" para asegurar "el mantenimiento del taxi como un servicio de interés general".
