Hace justo un año el Banco Popular fue vendido al Santander (el único que presentó oferta) por el precio simbólico de un euro, después de que la situación económica de la entidad se volviera insostenible, lo que precipitó su caída. En esa venta los accionistas perdieron todo el dinero que tenían invertido en la entidad financiera y lo mismo les ocurrió a quienes tenían títulos de deuda subordinada. Ello dio pie a pleitos para reclamar la restitución de ese dinero porque los inversores entendían que el banco, en la ampliación de capital que había llevado a cabo en 2016 para captar dinero fresco, había tratado de dar una imagen de solvencia que no era real. En Asturias, ese pulso judicial lo están ganando los accionistas. Los jueces les están dando de forma clara la razón.

Los afectados en la región son varios miles, según estimaciones de los letrados. Una relación de accionistas que se conoció en las semanas siguientes a la intervención del Popular incluía a 6.400 particulares y empresas con domicilio en Asturias. Las pérdidas acumuladas se cifraban entonces en torno a los 75 millones de euros.

Por ahora, quienes han acudido a los tribunales para intentar la recuperación del dinero son una minoría, señala el abogado de la Unión de Consumidores de Asturias (UCE), José Antonio Ballesteros. Forma parte de los letrados que en estos últimos meses han abierto camino con algunas sentencias pioneras. Logró la primera de España que anulaba compras de acciones del Popular, y unos meses antes otra en la misma línea para una pareja de Oviedo que había invertido en deuda subordinada. "Aún hay muchos afectados que están esperando que vayan saliendo más sentencias para animarse a reclamar", señala. No obstante, el asunto comienza a moverse con fuerza en los Juzgados.

Las sentencias dictadas por los jueces aún son escasas, pero en su mayoría favorables a los demandantes. El letrado Jorge Álvarez de Linera augura: "Ahora llegará el aluvión de casos". Añade que en Asturias hay afectados que habían invertido cantidad importantes de dinero. "Conozco casos de accionistas que habían perdido hasta 600.000 euros u otros que habían hasta pedido un crédito para invertirlo en la compra de esos títulos", apunta.

Por ahora las demandas se están circunscribiendo a la ampliación de capital de la entidad en 2016, pero Álvarez de Linera precisa: "Hoy mismo he recibido una sentencia favorable para un accionista que compró en febrero de 2017 (es decir unos meses después)".

En los juicios se está produciendo, además, una confrontación de informes periciales, señala el abogado asturiano Manuel Noval. "Los nuestros dicen que el Popular no reflejó en sus folletos informativos la información real de la entidad, mientras que los que está presentando el banco vienen a decir que todo fue un problema de liquidez y que los clientes sacaron el dinero de sus depósitos de forma apresurada", resume. Ganan los primeros.

Emilio Saracho, expresidente de la entidad, tiene pendiente declarar como testigo en un juicio en Asturias sobre la compra de acciones que tendrá lugar a finales de este mes.