Los grupos políticos que participan en la Comisión del Pacto de Toledo alcanzaron ayer un acuerdo para que la inflación vuelva a ser la referencia de la subida de las pensiones, de modo que se blinde el poder adquisitivo de los jubilados al menos en los momentos de expansión de la economía.

La comisión encargada de hacer recomendaciones para preservar los sostenibilidad financiera y la suficiencia del sistema público de pensiones retomó ayer sus trabajos tras el cambio de Gobierno con un consenso para que, en los ejercicios con crecimientos del producto interior bruto (PIB), las prestaciones suban como lo haga el índice de precios al consumo (IPC) e incluso más. En cambio, los partidos mantienen por ahora criterios divergentes sobre qué hacer en los años de recesión. Hay dos posiciones: por un lado, PP, Ciudadanos y PDeCAT abogan por garantizar el poder adquisitivo de las pensiones que no superen un determinado umbral de renta, pero no para el resto; enfrente, PSOE, Unidos Podemos y ERC consideran que también en los momentos de crisis económica debe preservarse la capacidad de compra de los pensionistas. No obstante, los socialistas se remiten a los pactos que pueda alcanzar el Gobierno con los sindicatos y la patronal. Hoy, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, mantendrá su primer encuentro con los líderes de la CEOE, UGT y CC OO.

El acercamiento sobre la revalorización de las pensiones en el Pacto de Toledo echa más tierra sobre la reforma que el PP aprobó en solitario en 2013. Supuso la creación del llamado "factor de revalorización", una fórmula que liga la subida para los jubilados no a los precios, sino a la situación financiera del sistema, para buscar su equilibrio. En momentos de déficit como el actual, el mecanismo limita la subida de las pensiones al 0,25%. Es el incremento que el anterior Gobierno aplicó entre 2014 y 2017, sin pérdidas de poder adquisitivo en los tres primeros años, porque la inflación fue negativa, y con un deterioro de 1,75 puntos en 2017 (la inflación media anual fue del 2%).

En un contexto de movilizaciones en la calle de los pensionistas, el Ejecutivo de Mariano Rajoy accedió, tras un acuerdo presupuestario con el PNV, a revalorizar las pensiones el 1,6% este año (la inflación prevista) e igualar el IPC real en 2019. Antes había concertado también con Ciudadanos una subida del 3% para las pensiones mínimas y otra mejora en las de viudedad. El PP aceptó asimismo retrasar hasta 2023 la aplicación del "factor de sostenibilidad", un ajuste en las pensiones de los nuevos jubilados previsto para 2019.