Los desahucios quedaron suspendidos desde ayer y lo estarán hasta seis meses después del estado de alarma, según una de las 50 medidas de corte social adoptadas ayer por el Consejo de Ministros, que también ha establecido la prórroga durante medio año de los contratos de alquiler que venzan durante este periodo extraordinario, la moratoria durante seis meses y sin recargo del pago de las cuotas a la Seguridad Social a pymes y autónomos, microcréditos al 0% de interés a personas en situación vulnerable para afrontar el pago de alquileres y una prestación extraordinaria de desempleo para empleadas de hogar que se hayan quedado sin ocupación o se les haya mermado. También se aprobó la posibilidad de rescatar fondos de pensiones por los ciudadanos afectados por ERTE o ceses de actividad, la moratoria en el pago de hipotecas a los afectados por la crisis, la ampliación del bono social eléctrico y la prohibición de interrumpir los suministros de electricidad, agua y gas a todos los ciudadanos mientras perdure la actual situación.

En este paquete de medidas -complementario de los ya adoptados con anterioridad- también se incluyó, entre otras novedades, una remuneración de unos 440 euros mensuales (80% del IPREM) para empleados temporales que se queden sin empleo y no tengan derecho a paro y una moratoria para pagar créditos personales.

Autónomos y pymes

Con carácter retroactivo desde el 14 de marzo, los autónomos y pequeñas y medianas empresas (pymes) podrán acogerse a una moratoria de seis meses sin recargo ni interés de demora en el abono de las cotizaciones a la Seguridad Social. Quienes ya hayan ingresado la cuota de marzo podrán reclamar su devolución, dijo la vicepresidenta y ministra de Economía, Nadia Calviño.

Del ingreso de las cotizaciones ya estaban eximidos autónomos y pymes para el caso específico de que se acogieran a un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) por fuerza mayor.

Desahucios

Los desahucios de personas sin alternativa habitacional quedaron suspendidos desde ayer y lo estarán hasta seis meses después de que se decrete el fin del estado de alerta, según avanzó el vicepresidente segundo y ministro Derechos Sociales y Agenda 2030. Pablo Iglesias, al término del Consejo de Ministros.

Alquileres

Los contratos de alquiler de vivienda habitual que venzan serán prorrogados durante seis meses, periodo durante el que no se podrá subir la renta que cobra el casero.

Crédito para alquileres

Para que los colectivos más vulnerables (parados, personas afectadas por ERTES o reducciones de jornada, autónomos con merma de ingresos y otros) puedan hacer frente a sus alquileres, el Instituto de Crédito Oficial (ICO) concederá microcréditos a un interés del 0%, para cuya devolución tendrán un plazo de seis años ampliables a diez. Y en los casos en que esas personas no puedan devolver los prestamos, se hará cargo el Estado de esas cuantías.

Propietarios

En el supuesto de impago de alquileres, y de que persista la vulnerabilidad del inquilino una vez superada la pandemia, el Estado garantizará que el casero cobre íntegramente los importes de sus rentas si se trata de pequeños propietarios, con un límite de hasta 900 euros al mes y 200 euros mensuales de suministros, comunidad, mantenimiento y otros gastos.

Si los propietarios son fondos de inversión o grandes tenedores de vivienda, deberán "asumir parte del impacto", según Iglesias: tendrán que elegir entre una quita del 50% de la deuda o la reestructuración de la misma y otorgar tres años para que el inquilino pague su deuda.

Hipotecas

La moratoria en el pago de hipotecas, una decisión ya en vigor desde que se declaró la alerta, se extiende ahora a locales y oficinas de autónomos que sufran caída de ingresos o ceses de actividad por el coronavirus. Durante la moratoria las entidades financieras no pueden reclamar ni el pagos de las cuotas de las hipotecas ni los intereses generados.

Bono social

El Gobierno ha ampliado el colectivo de ciudadanos que pueden acogerse al bono social, que otorga un descuento en el recibo de electricidad de hasta el 25% en el llamado Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC). Ahora este beneficio se amplía a trabajadores que hayan perdido el empleo y autónomos que se hayan visto obligados a cesar en su actividad o que hayan sufrido una caída relevante de sus ingresos a causa de las actuales circunstancias.

Trabajadores temporales

El Gobierno otorgará una paga de unos 440 euros mensuales (80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples o IPREM) a los trabajadores temporales a los que se haya extinguido el contrato y carezcan de cobertura de desempleo por no haber cotizado durante el tiempo suficiente.

Empleadas de hogar

Las empleadas de hogar que hayan perdido su empleo o se les haya reducido las horas de trabajo a causa de las restricciones de movilidad tendrán derecho a percibir un subsidio o prestación por desempleo. Será para empleadas de hogar afiliadas a la Seguridad Social y tendrá derecho al 70% de la base reguladora pero sin superar el salario mínimo interprofesional (950 euros).

Crédito al consumo

Se concede una moratoria por tres meses prorrogables para pagar créditos al consumo y personal y se establecen medidas para devolución de importes por cancelación de viajes.

Juego online

Se prohibe mientras dure la crisis la publicidad del juego por internet.

Ingreso mínimo vital

El ingreso mínimo vital "será una realidad cuanto antes", señaló ayer el vicepresidente Pablo Iglesias. El ministro de la Seguridad Social, José Luis Escrivá, que ya defendió este tipo de renta como presidente de la Autoridad de Responsabilidad Fiscal Independiente (AIREF), señaló hace una semana que es un compromiso de legislatura que se va a acelerar.

Fondos de pensiones

Quienes tengan un plan de pensiones podrán rescatar sus ahorros si a causa del coronavirus, se ven en el desempleo por un ERTE o por cese de negocio. Estará condicionado a no disponer un importe superior a los salarios que se hayan dejado de percibir.