El documento reclama el prometido Estatuto de Consumidores Electrointensivos, que tenga en cuenta su elevado impacto en Asturias y que garantice un marco estable de precios que no dañe la competitividad industrial de la región. Se demanda a su vez el establecimiento de un mecanismo de ajuste en frontera para penalizar las producciones más contaminantes de países ajenos a la Unión Europea como "un medio para restablecer la competencia leal a nivel internacional", lo que debe hacerse compatible con el mantenimiento de asignaciones gratuitas de derechos de emisión.
Los firmantes piden una simplificación de los trámites administrativos para el desarrollo de proyectos energéticos y una adecuación de la normativa, así como facilitar el aprovechamiento de purines de la ganadería y de la biomasa en los planes de ordenación forestal.
El documento reclama la puesta en actividad cuando antes de la planta regasificadora de Gijón (aún sin estrenar), facilitar el autoconsumo e impulsar el aprovechamiento de los conocimientos, tradición y patrimonio minero e industrial, y fomentar distintos tipos de minería como fuente de materias básicas que siguen siendo necesarias.
La digitalización y la producción aditiva se visualizan como "un campo de oportunidades", así como la captura de CO2, los planes de innovación y desarrollo en general, y la puesta en valor de la experiencia empresarial asturiana en el diseño y fabricación de materiales, bienes y equipos ligados a la eólica, la solar, la biomasa, la cogeneración, la geotérmica y la hidroeléctrica, así como baterías y productos químicos relacionado, redes de distribución y transporte de la red eléctrica y almacenamiento energético. Se reclama más inversión pública en infraestructuras TIC y en I+D+i, crear consorcios y cadenas industriales regionales, y otras medidas.
