Pequeño rebrote de expedientes de regulación de empleo en las oficinas de la Consejería de Industria y Empleo. Hay ya 25 compañías que han tenido que pedir un ERTE porque parte de su plantilla se ha visto afectada tanto por los contagios como algunas de las medidas anunciadas por el Gobierno asturiano para tratar de contener la expansión del coronavirus, como el cierre del ocio nocturno. En total, hay casi un centenar de trabajadores afectados por estas nuevas regulaciones. En su gran mayoría, matizó el Principado, son bares de copas, discotecas o pubs.

A partir del 1 de octubre la fisionomía de estos expedientes va a cambiar. Así lo adelantó ayer el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que señaló que no puede haber "café para todos" porque la "pandemia no afecta a todas las empresas por igual". Según el Ministro, el diseño que se está haciendo dentro del diálogo social "contempla todas las situaciones". "Lo que hay que hacer es diferenciar, no todo el mundo necesita el mismo nivel de protección y apoyo", insistió.

Esos planes del Gobierno, para no ampliar los ERTE de forma generalizada, causaron un gran malestar entre la patronal CEOE y los sindicatos, UGT y CC OO, que ayer se levantaron de la mesa de negociación visiblemente enfadados ya que se niegan a hacer una "sectorización" de los expedientes, tal y como pretende el Ejecutivo. Aunque los agentes sociales no dan por roto el acuerdo. Ni mucho menos. Aseguran que todavía hay margen para seguir negociando, aunque las actuales condiciones de los ERTE expiran el 30 de septiembre.

Según Escrivá se está negociando una especie de traje a medida en función de los sectores. "Estamos dispuestos a dar ayudas vía prestaciones o exoneraciones para empresas afectadas, pero el nivel de apoyo y diferenciación no puede ser el mismo, porque el impacto es diferente. Se va a seguir protegiendo a las rentas y al tejido empresarial el tiempo que sea necesario mientras esta situación siga", afirmó.

Los planes del Ejecutivo pasan por ligar estos expedientes a los rebrotes. "Ya desde principios de julio hemos visto olas que han ido y venido y lo que hemos podido constatar en muchos territorios es que la mayoría de los casos se han controlado y han sido compatibles con un nivel de actividad bastante alto", indicó.

El balance del Principado señala que desde que comenzó la pandemia se presentaron en la región 12.716 expedientes de regulación de empleo, la gran mayoría de ellos 11.318 por lo que se ha denominado por fuerza mayor -es decir, porque no les quedaba otro remedio- ya que, muy probablemente, tuvieron que cerrar su negocio.

Desde que el estado de alarma decayó y la actividad económica retomó cierta normalidad hay 4.106 compañías de la región -con 21.590 trabajadores afectados- que ya han renunciado a seguir tirando del ERTE.

Lo que sí que adelantó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es que ya hay acuerdo para elevar el llamado "contador a cero" de los 180 días actuales a 196 y a aplicarlo durante todo 2021. Esto supone que todos aquellos trabajadores que se vean afectados ahora por una regulación de empleo no consumirán el paro que le corresponda. Además, Díaz avanzó que se implantará una prestación para los trabajadores fijos discontinuos por la falta de temporada turística, e insistió en que la prestación asociada al ERTE se mantendrá en el 70% de la base reguladora aunque transcurran seis meses. Estos son debates que "ya están zanjados".