Duro Felguera incurrió en unas pérdidas netas en el primer semestre de 114 millones de euros, lo que el grupo ha atribuido fundamentalmente al impacto de la pandemia en su negocio (lo que le obligó a provisionar 100,8 millones), así como a sobrecostes por el aumento de plazos en proyectos en curso, la resolución del contrato de Jebel-Ali (Emiratos Árabes Unidos) y otros deterioros de activos.
Con ello, la sociedad matriz del grupo se ha situado en posición neta patrimonial negativa por tercera vez desde 2017. Pese a ello, la sociedad no está esta vez en causa legal de disolución porque, en virtud del real decreto del 28 de abril sobre los efectos de la pandemia, las pérdidas registradas por las empresas en 2020 no se toman en consideración a tales efectos por las excepcionales circunstancias que están concurrido en el ejercicio.
No obstante, Duro Felguera, que sigue esperando respuesta a su solicitud de agosto para acogerse al fondo estatal de ayuda a empresas dañadas por el covid (solicitó 100 millones al Estado), afirmó ayer en la documentación aportada a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que las medidas adoptadas por la compañía para hacer frente a la crisis “resultan por sí mismas insuficientes” y que, “en ausencia de apoyo público temporal, el grupo podría llegar a tener graves dificultades para mantenerse en funcionamiento”. En el mismo sentido se expresó su auditor, Deloitte.
A la espera de la respuesta del Gobierno y de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Duro Felguera sigue trabajando en la revisión de su plan estratégico y en su apuesta por su desarrollo en las energías renovables. Supeditado a su recapitalización por la SEPI, la normalización de las relaciones financieras con la banca acreedora y el acceso a líneas de apoyo del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce), Duro Felguera está diseñando un plan inversor por uno monto 46 millones de euros en su filial de calderería pesada para potenciar la actual sede de El Tallerón (6 millones) y dotarse de nuevas instalaciones en el puerto de El Musel (40 millones) para fabricar aerogeneradores para producir energía eólica marina. De llevarse a cabo este plan, la plantilla del Felguera Calderería Pesada se duplicaría.
Esta apuesta se suma a los planes de Duro para desarrollar proyectos de biomasa e instalaciones eólicas en sus terrenos ociosos en la cuenca del Nalón, donde nació el grupo hace 163 años. Todos estos planes, ligados a la transición energética, podrían optar a a las cuantiosas ayudas de la Unión Europea para promover este cambio estructural así como para impulsar la transición digital, a la que Duro pretende sumarse a través de su filial madrileña Epicom.
Las graves pérdidas acumuladas por Duro en sólo seis meses (entre enero y junio) equivalen a un tercio de las que registró el grupo en los tres años críticos de 2015-2017 que le llevaron a una situación extrema en 2018. Tanto el resultado de explotación (-111,63 millones) como el operativo (-103,2 millones) también fueron negativos. Todas las líneas de negocio (incluida la de fabricación en El Tallerón) están en pérdidas antes de impuestos, lideradas por la de energía, con un resultado negativo de 78,31 millones.
La facturación en la primera mitad del año se contrajo el 59,8%, hasta los 72,7 millones, como consecuencia de las dificultades organizativas y la paralización o ralentización de proyectos a causa de las restricciones a la movilidad internacional, la ruptura de las cadenas de suministro y la revisión de planes inversores por los clientes ante el desplome de la economía global. La contratación (52,4 millones) fue sin embargo ligeramente superior a la del mismo periodo de 2019 (51,35 millones), pero éste había sido un año adverso, por lo que el volumen de adjudicaciones se mantiene lejos del presupuesto para 2020 (234 millones), dificultando con ello la reposición de la cartera de encargos pendientes de finalizar, que sigue descendiendo: de los 85,68 millones a 30 de junio de 2019 cayó hasta los 69,52 millones en la misma fecha de 2020. La baja contratación obedece tanto a la carencia de avales bancarios desde 2016 como a la ralentización de la licitaciones por el covid. La empresa estima en 100 millones el conjunto de los impactos adversos causados por la pandemia hasta junio.
Además del de Jebel Ali, los principales proyectos problemáticos se concentran en Argelia (4 millones de impacto en Bellara y 36 millones en Djelfa), Rumanía (un impacto de 3 millones en Ibernut) y España porque el contratista de las nuevas baterías de coque de ArcelorMittal en Veriña no le paga 2,6 millones.
La plantilla menguó el 23,2% en el semestre: bajó desde los 1.546 trabajadores a 31 de diciembre a los 1.187 del pasado 30 de junio. El grupo pretende plantear una nuevo expediente de regulación temporal similar al que acaba de vencer y cuya prórroga fue rechazada por la representación laboral.
Liberbank y Unicaja Banco, que el 8 de octubre designaron asesores para abordar la negociación formal de una posible fusión, prevén tomar una decisión, en un sentido u otro, entre la segunda quincena de noviembre y la primera de diciembre, según las estimaciones en las que se mueven los negociadores, señalaron fuentes conocedoras.
Manuel Menéndez, consejero delegado de Liberbank, dijo el lunes que la decisión será esta vez “rápida”. En mayo de 2019 rompieron las conversaciones para integrarse tras más medio año de negociaciones. Ayer, el presidente de Unicaja Banca, Manuel Azuaga, explicó en la junta general de accionistas celebrada por vía telemática que ambos bancos están avanzando” en el análisis de la posible fusión y que ya han mantenido “contactos con las autoridades” supervisoras y regulatorias “que tendrán que pronunciarse sobre la operación”. “Esperamos que en las próximas semanas podamos avanzar en los trabajos exploratorios”.
Siguiendo las directrices del Banco Central Europeo, los dos bancos aprobaron, con más del 99% de los votos, destinar a reservas los beneficios que se iban a repartir entre los accionistas aunque mantienen la voluntad restablecer el dividendo en cuanto se autorice.
El Banco Sabadell (en Asturias, Sabadell-Herrero) está estudiando un plan para recortar 2.000 empleos en España, el 15% de su plantilla, así como oficinas. Está sin determinar el impacto por comunidades autónomas, aunque se sabe que la intención del grupo es que el recorte se haga sin despidos forzosos, mediante bajas voluntarias y prejubilaciones. El Sabadell tiene en Asturias unos 600 empleados y 109 sucursales.
La investigación judicial sobre Venezuela se amplía un año
El juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional ha ampliado hasta el 28 de julio de 2021 el periodo para la instrucción de diligencias sobre los supuestos delitos de corrupción de autoridad o funcionario extranjero y de blanqueo de capitales por Duro Felguera entre 2008 y 2011 para la consecución del proyecto de Termocentro, en Venezuela. Las sucesivas direcciones que ha tenido Duro desde entonces, así como los querellados, siempre negaron los hechos. La nueva prórroga obedece a la ampliación de los plazos para la investigación de causas (de seis a doce meses) que otorgó la Ley 2/2020, de 27 de julio. A su vez, la querella criminal de Duro contra su expresidente Ángel del Valle está pendiente de que el juez se pronuncie tras el recurso presentado por el querellado y la inmediata oposición planteada a sus pretensiones por la empresa.
La investigación judicial sobre Venezuela se amplía un año
El juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional ha ampliado hasta el 28 de julio de 2021 el periodo para la instrucción de diligencias sobre los supuestos delitos de corrupción de autoridad o funcionario extranjero y de blanqueo de capitales por Duro Felguera entre 2008 y 2011 para la consecución del proyecto de Termocentro, en Venezuela. Las sucesivas direcciones que ha tenido Duro desde entonces, así como los querellados, siempre negaron los hechos. La nueva prórroga obedece a la ampliación de los plazos para la investigación de causas (de seis a doce meses) que otorgó la Ley 2/2020, de 27 de julio. A su vez, la querella criminal de Duro contra su expresidente Ángel del Valle está pendiente de que el juez se pronuncie tras el recurso presentado por el querellado y la inmediata oposición planteada a sus pretensiones por la empresa.
