Imasa e Isastur, las ingenierías asturianas cuyo rescate fue aprobado anteayer por el Consejo de Ministros con cargo al fondo estatal creado en 2020 para paliar los efectos de la pandemia en empresas estratégicas y solventes, esperan el pronto cobro de la ayuda temporal concedida para restablecer su liquidez y atemperar la acumulación de adversidades que se han sucedido en apenas dos años y medio (el covid en 2020, la crisis de suministros y la inflación en 2021, y la guerra de Ucrania y la espiral inflacionaria en 2022), todo lo cual ha impactado en el negocio y en los mercados en los que operan ambas compañías.
El proceso de análisis de las peticiones, y el escrutinio de ambas sociedades –y de las demás peticionarias– por la consultoras y bufetes contratados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) para aquilatar que cumplían con los requisitos de solvencia, condición estratégica, capacidad de devolución de las ayudas públicas y deterioro de su situación a causa del cierre de la economía en los peores meses del coronavirus, dilataron el proceso decisorio durante un año en el caso de Imasa y más de ocho meses en el de Isastur. Esto motivó un deterioro adicional que obligó a incrementar la ayuda solicitada mediante préstamos participativos y ordinarios: de 25 millones en ambos casos a 40 como aportación pública final a Isastur y 35 a Imasa. En total 75 millones.
Más de 30 empresas españolas (entre ellas la ingeniería andaluza Abengoa) vieron desestimadas sus peticiones por no cumplir los requisitos a juicio del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASSE), que gestiona la SEPI. Totalizaban una petición de ayudas por un monto de 2.137 millones. Las 30 que pasaron el examen (caso también de Duro Felguera, Volotea y Celsa, con sede o centros de producción en Asturias) obtuvieron ayudas por 3.255 millones sobre un monto total movilizado por el Gobierno de 10.000 millones.
Abengoa recibió ayer la confirmación de que su petición fue desestimada por no tener garantía el Gobierno de su viabilidad y capacidad de devolución de los 249 millones solicitados. Sus trabajadores continuarán la acampada de protesta que mantienen ante la Delegación del Gobierno de Andalucía en Sevilla.
