Por primera vez desde que, en abril de 2020, entró en vigor la moratoria de los procesos concursales para las empresas en situación de insolvencia, las compañías amanecen hoy sin ese colchón frente al concurso de acreedores. Aunque inicialmente la medida debía prolongarse solo unos meses, terminó por dilatarse, en paralelo a la pandemia, de una manera accidentada e incierta. Pero desde este primero de julio, las empresas con problemas de solvencia tienen dos meses para solicitar el concurso de acreedores y eso hace augurar, dado el volumen de organizaciones con dificultades atrasadas, un incremento importante de las peticiones de compañías asturianas.
Los gestores administrativos del Principado esperan una inminente escalada de los concursos de acreedores que cifran, de acuerdo con los últimos barómetros del colectivo, entre un veinte o treinta por ciento en los próximos meses. Carlos Rodríguez-Noriega, presidente del colegio, tiene asumido que el final del mes de junio, y con él de la prórroga de las solicitudes de concursos, desatará una notable inflación de solicitudes que el aplazamiento por la pandemia había dejado en suspenso durante más de dos años, desde que la primera interrupción temporal de la obligación de presentar concurso fue decretada en el mes de abril de 2020. El cierre de la prórroga hará aflorar, vaticina, los problemas larvados de muchas empresas "zombies", que se mantenían con vida de manera artificial en estos años de pausa pandémica.
Cronología
Abril de 2020. Poco después del estallido de la pandemia, el Gobierno decreta una moratoria de la obligación de solicitar concurso de acreedores para las empresas afectadas por la crisis del covid-19. En primera instancia, el Ejecutivo dio de paso la medida en el mes de abril de 2020 y su validez expiraba, después de varias prórrogas, el 31 de diciembre de 2021.
Noviembre de 2021. Antes de que el periodo establecido llegase a su fin, el Consejo de Ministros aprobó una nueva moratoria que extendía la exención concursal hasta el 30 de junio de 2022.
Junio de 2022. El final del último plazo establecido abre un periodo de incertidumbre en el que distintos expertos auguran un notable incremento de los concursos de acreedores para los meses siguientes a la finalización de la moratoria.
Nueva ley concursal. Coincidiendo con el último día de prórroga, el Congreso dio de paso ayer la reforma de la ley concursal, que pretende permitir que las empresas con problemas de insolvencia pero viables continúen con su actividad, fortalecer el tejido empresarial y mantener el empleo. Entre sus novedades destaca la enmienda pactada entre Unidas Podemos y el PSOE para que los trabajadores interesados en la sucesión de una empresa en concurso puedan presentar una oferta de adquisición mediante una sociedad cooperativa, laboral o participada.
Llega además este final de la moratoria en un momento crítico en el que las empresas están presentando cuentas anuales y celebrando juntas de accionistas de las que seguramente derivarán situaciones en las que la retirada del colchón de la prórroga derivará seguramente en meses convulsos de aumento del recurso forzoso al concurso. Se da además la circunstancia de que el cierre de este paréntesis respecto a las operaciones concursales debería haber coincidido en el tiempo con el final de otra moratoria, la concedida para la devolución de los préstamos garantizados por el Estado a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Eso hacía temer otra fuente de tensiones para las empresas asturianas, pero el Consejo de Ministros, en un acuerdo que publicó precisamente ayer el Boletín Oficial del Estado (BOE), ha resuelto pedir la autorización de la Comisión Europea para extender el plazo de amortización de los créditos más allá de este 30 de junio.
Se mantiene la amenaza de avalancha de concursos, eso sí, por la expiración de una moratoria, sucesivamente ampliada, que eliminaba la obligatoriedad de que las empresas (o personas físicas) endeudadas solicitaran el concurso de acreedores y, a la vez, impedía que los acreedores pudieran realizar dicha solicitud. Lo hacía en un momento en que la incertidumbre incrementaba la dificultad para distinguir el trigo de la paja, o para ver qué empresas puntualmente insolventes podían tener un proyecto sólido una vez superado el bache. Ya entonces el Banco de España alertaba de los riesgos de alargar esta medida más allá de 2020, "dado que esto podría exacerbar el problema: las empresas inviables seguirían en el mercado, con balances cada vez más deteriorados, y se acumularían los casos de insolvencia, que se habrían de resolver cuando finalmente se alzara la moratoria".
En paralelo al temor a un mayor número de solicitudes de concursos se acrecienta también la preocupación por un posible colapso en los juzgados, que pueden llegar a tener dificultades para absorber toda la carga de trabajo que seguramente se les viene encima. Sin embargo, la llegada del verano y el hecho de que agosto sea un mes judicialmente inhábil podría retrasar la avalancha hasta el otoño.
Coincidiendo con este final de la prórroga, por lo demás, el Congreso aprobó ayer la reforma de la Ley Concursal, que pasará al Senado este mes.
