Si hace unos años los programas electorales sobre medio ambiente eran una especie de "maría", una asignatura menor, ahora son, al menos para gran parte de los contendientes electorales, una de las piezas estratégicas del programa electoral, el contrato que presentan las formaciones con los ciudadanos. Los programas para reducir las emisiones de C02, la gestión de un área crítica como la energía, el tratamiento de un bien que parecía inagotable pero que no lo es, como el agua; la protección de las costas y de los bosques, la contaminación atmosférica (que está empezando a ser un problema de primer orden), o la sensibilidad ante el trato a los animales son algunos de los aspectos que se reflejan, con mayor o menos intensidad, en los programas electorales de las principales formaciones políticas.
El PP defiende en su programa la gestión medioambiental de su Gobierno, y enumera logros como la culminación de la gestión de los 25 planes hidrológicos, o el cumplimiento del protocolo de Kyoto. Asegura que aplicará todas las medidas impulsadas desde la UE para reducir las emisiones, y que "seguiremos potenciando la penetración de las renovables en el mix energético".
Entre sus iniciativas, está invertir 1.800 millones en cuatro años para mejorar la eficiencia energética. Bajando al terreno de lo concreto, se muestra favorable a mantener la energía nuclear, defiende el depósito centralizado de residuos nucleares, no prohíbe el fracking y aboga por el mantenimiento del uso del carbón "competitivo", es decir, de aquel que no requiera subvenciones. También apuesta por la creación de infraestructuras que interconecten el sistema eléctrico y el sistema gasístico; promete reducir impuestos a la generación eléctrica, congelar la factura energética "en la parte que depende del Gobierno", y potenciar el bono energético para los consumidores con pocos recursos.
Foro Asturias, que se presenta en coalición con el PP, ha elaborado su programa, pero lo va haciendo público por partes, y ayer declinó facilitar datos sobre lo que proponen hacer en materia de medio ambiente.
El PSOE ha dado una gran importancia en su programa a las propuestas energéticas y medioambientales. Ellos (igual que todos los demás, salvo el PP), proponen una transición de modelo energético para poner en el centro a las energías renovables, una transición que se haría de forma paulatina. Cerrar las nucleares con más de 40 años, e ir hacia su sustitución progresiva con el horizonte temporal de 2028; replantearse la construcción del almacén central de residuos; prohibir el fracking y restringir las prospecciones petrolíferas y de gas; prohibir el corte de energía en los hogares entre noviembre y marzo, y establecer sistemas para garantizar un suministro mínimo a los hogares sin recursos son algunas de sus medidas. Respecto al uso del carbón, especialmente sensible en Asturias, defienden su sostenimiento dentro de los límites legales impuestos por la UE, potenciando las tecnologías de recaptación de CO2.
En cuanto a la gestión del agua, proponen hacer auditorías a las empresas concesionarias, blindar las empresas estatales de agua para evitar privatizaciones, y declarar el liquido elemento un derecho básico. La aplicación de impuestos verdes, para que "quien contamine, pague", la potenciación del reciclaje y la lucha contra el cambio climático son otras de sus propuestas, que incluyen una visión de los bosques como "sumideros de CO2". Una ley de Bienestar Animal, y la implantación un marco legal que impida situaciones de maltrato en las fiestas populares son otras de sus propuestas.
Podemos coincide en algunos de los planteamientos del PSOE, aunque los lleva más allá. Es el caso del cierre "paulatino" de centrales nucleares, la limitación de las de ciclo combinado y el cierre paulatino de las de carbón. Los trabajadores excedentes serían recolocados, aseguran, en el sector de las renovables, que sustituiría al anterior.
Y es que le ponen cifra a la transición del modelo energético y productivo: proponen invertir en este campo un 1,5 del PIB al año, durante 20 años, y generar en el primer ejercicio 300.000 empleos, a través de iniciativas como el plan nacional de rehabilitación de viviendas, que pretende reformar para mejorar su eficiencia energética 200.000 viviendas al año. La prohibición del fracking, la retirada del "impuesto al sol" o el acceso por ley a un suministro energético mínimo, para luchar contra la pobreza energética, son otras de las propuestas. En cuanto a la gestión del agua, proponen, como el resto de los partidos de izquierda, que sea considerado un derecho y un bien público, con un mínimo garantizado. Su gestión debe ser pública, defienden, y plantean técnicas como la desalación y la reutilización de aguas pluviales para mejorar la eficiencia de su uso. El impulso de una economía circular con "residuo cero", y el principio de "quien contamina paga" son otras de sus propuestas.
Ciudadanos se aleja del PP en algunos aspectos, como el de rechazar directamente el fracking. Sí insiste en la liberalización del sector eléctrico para luchar contra los oligopolios, y también propone un cambio de modelo, hacia uno más sostenible, en el que tenga un mayor peso la energía renovable. La derogación del "impuesto al sol" es otra de sus iniciativas, que hace hincapié en potenciar el autoconsumo. En este aspecto, C's apuesta por reformar el bono social, de manera que tras un informe de los servicios sociales se financie a través del presupuesto a las familias sin recursos. Pero pone el acento en dotarlas de instalaciones de autoconsumo, para resolver el problema, no paliarlo. Pretenden impulsar el reciclaje, avanzar hacia "una economía circular, no del desperdicio" (algo que también proponen el PSOE o Podemos), e implantar una ley de protección animal.
Unión Popular-IU tiene también una amplia batería de propuestas. La lucha contra el cambio climático es uno de sus ejes, con un gran número de medidas para reducir las emisiones. La prohibición de transgénicos, control del uso de plaguicidas, la protección de los bienes comunes, el reciclaje y el rechazo a la incineración, un impulso a las renovables, la prohibición del fracking, un programa de cierre de las nucleares o un plan de rehabilitación de edificios para mejorar la eficiencia energética son algunas de sus propuestas.
