Ciudadanos y Podemos, formaciones emergentes, son las que más atención prestan a optimizar las obras públicas en sus respectivos programas electorales. Los de Pablo Iglesias están por la labor de concluir aquellas grandes actuaciones que ya estén en marcha, como es el caso de la variante de Pajares, pero advierten de que paralizarán todas las que no han sido adjudicadas, como, por ejemplo, el trazado de AVE por el centro de la región hasta Oviedo, Gijón y Avilés. A partir de ahí, el partido morado pretende conocer mediante una auditoría las decisiones que motivaron cada inversión y sus costes reales, para "establecer responsabilidades" en fracasos "como los aeropuertos fantasmas, las autopistas de peaje vacías o iniciativas como el proyecto Castor" para una explotación petrolífera en el Mediterráneo.

Participación ciudadana

Podemos también se compromete a establecer "mecanismos de transparencia y de participación ciudadana" a la hora de contratar las grandes infraestructuras. Aunque la formación no los detalla en su programa, sí que apunta que incluirán variables sociales, ambientales y económicas, para que las actuaciones "siempre resulten sostenibles en esos tres ámbitos".

Ciudadanos, que se ha distinguido durante los últimos meses por sus críticas al modelo de obra pública desarrollado en España tanto por el PSOE como el PP, no se decanta directamente por paralizar actuaciones que ya estén en ejecución. Sin embargo, los de Albert Rivera abogan en su propuesta electoral por alcanzar un gran pacto nacional en torno a las infraestructuras, con planes que tenga una vigencia mínima de dos décadas. El dedicado a los transportes da prioridad al desarrollo de los grandes ejes de la Red Transeuropea de Transporte o a las autopistas del mar.

Con el objetivo de establecer los proyectos prioritarios y que tengan una mayor rentabilidad socioeconómica y financiera, Ciudadanos pone encima de la mesa la creación de una Oficina Nacional de Evaluación, que, entre otras cosas, estudie actuación por actuación los criterios y régimen de financiación a medio y largo plazo para ordenar su desarrollo temporal. Además, de acuerdo con la propuesta del partido naranja, esta oficina también cubriría los proyectos con una rentabilidad alta a largo plazo y baja en el corto, asumiendo riesgos que el mercado financiero privado no esté dispuesto a adoptar.

Otras de las propuestas de Ciudadanos en este campo pasan por intensificar los proyectos de información pública a la hora de definir los planes de infraestructuras y actualizar todo el diseño de las redes de transporte ya planificadas.

Las tesis electorales de Unidad Popular-IU plantean la transición hacia un nuevo modelo de transporte que salga de una ley de movilidad sostenible. En ella se fomentarán los medios de transporte colectivos y no motorizados, de cara a "un sistema multimodal e integral de transporte, de carácter universal y público". Los de Alberto Garzón también abogan por modificar las prioridades de inversión en infraestructuras, dando más relevancia tanto a las mercancías por vía ferroviaria y marítima, como al transporte público urbano y metropolitano o al tren convencional.

UPyYD sostiene que todas las inversiones públicas en infraestructuras "tendrán que contar con un análisis de viabilidad económico-financiera y social". La formación de Andrés Herzog se compromete a publicar los estudios y a que cuenten con un periodo de alegaciones.

Aunque no figura de forma expresa en los programas, los partidos asturianos consideran una prioridad la apertura de la variante de Pajares y la conclusión de los tramos pendientes de la Autovía de Oviedo a La Espina. Los populares también inciden en la mejora de las conexiones aéreas a nivel nacional e internacional desde la terminal de Santiago del Monte.