El sistema de financiación autonómica tiene los días contados, si se toman al pie de la letra las posturas anunciadas por los principales partidos en sus programas electorales. En juego está nada menos que el 70 por ciento del presupuesto anual del Principado. Todas las formaciones coinciden en la necesidad de reformar un modelo que estrenó en su segunda legislatura José Luis Rodríguez Zapatero y que no ha respondido a las necesidades crecientes de las autonomías en una coyuntura económica marcada por la crisis. Pero dan pocas pistas.
Asturias recibe del sistema de financiación cerca de 2.800 millones de euros, vitales para el sostenimiento de los servicios públicos fundamentales, la sanidad y la educación. La magnitud de esa cifra explica la relevancia que para todas las comunidades autónomas entraña cualquier cambio en esta materia. La mayoría de los partidos optan por la estrategia del cascabel y el gato. Todos hablan de cambios pero pocos entran en los detalles de cómo poner el cascabel, cómo materializar una nueva reforma.
El PP habla de garantizar una financiación estable para la oferta básica de servicios de servicios esenciales a los que todos los ciudadanos deben tener acceso. Un mensaje ambivalente a la medida de autonomías donde gobierna y que tienen intereses contrapuestos en este debate como Madrid y Castilla y León.
El PSOE se muestra partidario de buscar, con consenso, una nueva ley de Haciendas Locales debidamente coordinada con una financiación autonómica que blinde la sanidad y la educación pública, una posición igualmente genérica. Los socialistas, además, creen conveniente un modelo más simplificado que el actual, aprobado durante la etapa de Elena Salgado al frente del Ministerio de Hacienda.
Podemos aboga por la reforma en los siguientes términos: "Llevaremos a cabo un proceso de evaluación de los sistemas de financiación de las comunidades autónomas, con la finalidad de promover un consenso sobre las reformas necesarias para que mejore su eficacia en cuanto al cumplimiento efectivo de los principios de autonomía, solidaridad interterritorial y lealtad institucional, en el marco de una Hacienda federal". Tampoco habla de fórmulas concretas. Y Unidad Popular-Izquierda Unida es partidaria de un marco federal diferente.
El partido que aporta más detalles sobre el nuevo modelo que implantaría es Ciudadanos, cuyo portavoz en materia fiscal, el inspector de Hacienda Francisco de la Torre, número dos por Madrid, explicaba en Oviedo la pasada semana algún aspecto concreto. De la Torre recordaba precisamente la conclusión del investigador gijonés, Ángel de la Fuente, experto del CSIC y en la actualidad director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA), de que uno de los problemas del actual sistema radica en su complejidad al estar formado por distintos fondos, que tenían inicialmente como objetivo dar satisfacción a todas las autonomías. Ciudadanos propone unir todos los fondos actuales en uno solo, el Fondo de Cohesión Territorial y Social, que aportaría a las autonomías los recursos necesarios para garantizar la cobertura de una cartera de servicios en todo el país. "Si alguna autonomía quiere ampliar las prestaciones, tendrá que hacerlo con sus propios recursos, disponer de más ingresos", argumentó Francisco de la Torre a LA NUEVA ESPAÑA.
El partido de Albert Rivera también entra a fondo en un debate que lleva a un cruce de caminos con el del sistema de financiación, el mantenimiento o al menos la revisión de los regímenes forales.
El programa del partido naranja aboga por modificar el cupo vasco o la aportación de Navarra, esto es modificar las cantidades que ambas comunidades pagan al Estado por la prestación de los servicios que reciben y en concepto de solidaridad interterritorial. "Están muy mal calculados. Estudios como el de Ángel de la Fuente revelan que las cantidades que aportan Navarra o el País Vasco están un 60 por ciento por debajo de la media nacional", declaró a este periódico Francisco de la Torre.
El análisis de las cuentas territorializadas elaborado por un equipo a cuyo frente estaba Ángel de la Fuente recogía entre sus conclusiones que las dos comunidades forales "gozan de una financiación que es aproximadamente el doble de la percibida por las comunidades de régimen común cuando el cálculo se realiza a igual esfuerzo fiscal". Son varias las autonomías que ya han planteado al Ministerio de Hacienda la necesidad de revisar el cupo vasco y la aportación navarra, entre ellas Asturias. Tanto el presidente del Principado, Javier Fernández, como la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, se han mostrado partidarios de recalcular las aportaciones de Navarra y el País Vasco si bien siempre dentro del mantenimiento de los regímenes forales que están recogidos en la Constitución de 1978 y que para los socialistas no están en discusión.
Ciudadanos en su programa no detalla si Navarra y el País Vasco deben dejar de ser excepciones con sus regímenes forales pero deja entrever que sus aportaciones a la bolsa común deben ser mayores que en la actualidad. La composición del Parlamento, tras el 20-D, y la coyuntura económica resultarán determinantes para la reforma del actual sistema.
