La palabra económica clave fue empleo. A partir de ahí, mil matices entre los candidatos. Cuando el de Ciudadanos, Ignacio Prendes, habló del contrato laboral único como solución al actual "mercado laboral disparatado", algunos de sus oponentes en el debate, lo rechazaron de plano. Adriana Lastra (PSOE) habló de tres tipos: "Indefinido, temporal y de formación".

Lastra aseguró que con mayoría socialista en el Congreso la reforma laboral del PP tiene los días contados. Manuel González Orviz (IU-UP) se apuntó a la derogación pero incluyó también la penúltima reforma, la propiciada por Rodríguez Zapatero.

La nueva reglamentación laboral fue defendida por Susana López Ares (PP-Foro). Gracias a ella, argumentó, "se crearon en el pasado año más de 400.000 empleos y en este se van a crear más de medio millón".

"Lo que hay que hacer es crear empleo, pero de calidad, porque lo que se genera en España es un 92% de contratos temporales. El contrato único es la estandarización de la precariedad", señaló la candidata de Podemos, Sofía Castañón.

Contestó Susana López Ares: "si hace cuatro años alguien nos dice que hoy España iba a tener el mayor porcentaje de creación de empleo de Europa no nos lo hubiésemos creído. El empleo crece, 260.000 personas más cotizando que en enero de 2012".

Guerra de cifras. Castañón echó mano de la Encuesta de Población Activa, en la que han desaparecido "las personas desanimadas por no poder encontrar empleo y las que se han visto forzadas al exilio laboral". El candidato de Ciudadanos, Ignacio Prendes, negó que "el contrato único conduzca a la precariedad".

Y en eso aparecieron en el horizonte del debate los hombres de negro. Rescate sí o rescate no. Depende de la perspectiva. López Ares recordó a Ciudadanos que su ideólogo económico, Luis Garicano, "decía hace pocos años que la única forma era pedir el rescate a la Unión Europea". Y se pidió, contestó Prendes. "España fue rescatada por más de cien mil millones, entre otras cosas por los pufos que dejó Rato, uno de los líderes del PP".

"Claro que nos rescataron", afirmó Manuel González Orviz, quien hizo un guiño al sector minero: "Necesitamos en Asturias una minería que vaya más allá del año 2018".

"La situación no es la óptima pero es que hace cuatro años España estaba en bancarrota", se defendió la candidata del PP-Foro. El déficit venía de atrás, de gobiernos del PP como los de Valencia, matizó la socialista Lastra. Murmullo en la sala. La candidata del PSOE añadió: "A Asturias casi la intervienen en época de Álvarez Cascos, su socio ahora -le espetó a López Ares- el mismo que hace muy poco decía que el Gobierno del PP no hacía otra cosa que atacar a Asturias".

Sofía Castañón (Podemos) pintó "un panorama desolador y sin expectativas. El de los sobrecostes de El Musel, las tumbas de hormigón y Aquegest. En suma, el capitalismo de amiguetes". Castañón aboga por una reforma del sistema tributario.

"No queremos rebajas fiscales sino progresividad fiscal y lucha a muerte contra el fraude", dijo González Orviz (IU-UP). Reforma fiscal progresiva, lo llama Adriana Lastra, que se acordó de los 300.000 pensionistas en Asturias "de los que 180.000 están ayudando a sus familias".

Reforma fiscal con rebaja del IRPF, apunta Prendes. Y López Ares volvió a comprometerse "a una bajada de impuestos". El PP se movió mejor en el plano nacional; el PSOE localizó el debate. IU planteó "una posición común para defender los grandes intereses de Asturias". El PSOE reclamó un plan de garantía de empleo juvenil, la bajada del IVA cultural y la reforma del impuesto de sociedades. Sobre el de sucesiones, Lastra fue más difusa: se trata, dijo, de "armonizar".

Ciudadanos se acordó de los 76.000 autónomos en Asturias "pilar de la economía y paganos olvidados". López Ares argumentó que "en España frente a lo que llaman leyenda urbana hay una estrategia clara de empleo juvenil". Sofía Castañón lamentó que "hemos dejado que se vaya la generación más formada, y no volverá mientras no haya unas condiciones dignas de empleo".

Lastra afeó al Gobierno su escasa obra pública y su política energética "que está poniendo en riesgo las grandes empresas asturianas".