La expresión "pacto de Estado" acaba asomando siempre, unas veces en su formulación literal, otras en la versión menos altisonante y comprometedora de la búsqueda de una reforma hecha con el asentimiento mayoritario de la comunidad educativa. Así queda enunciada, negro sobre blanco en el gran país de las maravillas de los programas electorales, la pretensión de aprobar al fin la gran asignatura pendiente del consenso, la materia que la regulación de la educación ha mantenido persistentemente suspensa en este país donde las leyes que han ordenado la enseñanza en democracia son una enorme sopa de letras de usar y tirar, un cambio seguro en cada relevo del partido del gobierno y un campo minado de batalla política que ha llegado a la LOMCE desde la LODE atravesando la LOGSE, la LOCE y la LOE.
Después de todo ese recorrido embarrado de cambio legislativo, de suspensos convocatoria tras convocatoria, llega el 20-D y la letra de los programas manda parar. Ofrece un viraje, pero también una diferencia esencial sobre el itinerario alternativo y una divergencia básica sobre la continuidad de la ley vigente. Dicen al unísono PP, Ciudadanos y UPyD que buscan "un pacto de Estado" en esta materia crucial. Abunda el PSOE en la persecución de una ley "con vocación de permanencia" hecha con un respaldo de la comunidad educativa que también reclaman los inventarios de buenas intenciones de IU y Podemos. El caso es que están todos recién salidos de una legislatura en la que el PP viene de utilizar su mayoría absoluta para aprobar en solitario la quinta ley docente de la democracia y que en ese contexto esta propuesta equivale a un volantazo hacia la consideración real de la educación como un asunto de Estado.
He ahí el punto de partida y acaso la única coincidencia programática esencial entre los seis principales aspirantes a las elecciones del domingo. El recorrido transversal por los programas encuentra muy básicamente más confluencias, con muchísimos matices, entre PP y Ciudadanos que de ellos con el bloque de la izquierda. Ni los populares ni los de Rivera hablan expresamente de derogar la LOMCE y son los únicos que no dicen que suprimirían la religión del horario lectivo. Al otro lado, el trío de la izquierda pide al unísono, igual que sus oponentes pero con cuantía específica, un incremento variable de la inversión en educación hasta que llegue al cinco por ciento del PIB en 2023 (PSOE), al 4,9 o a13.700 millones de euros en 2020 (Podemos) y al siete en 2017 (IU). UPyD reclama alcanzar "la media de los países europeos más avanzados", Ciudadanos garantiza que será ésta su "máxima prioridad presupuestaria" y el PP una financiación que "asegure que las enseñanzas se impartan en condiciones de calidad y gratuidad".
Del viaje a través de los programas sale además que sólo IU sugiere abiertamente "un plan de supresión progresiva hasta la extinción" de los conciertos educativos, que todos salvo el PP sugieren fórmulas concretas para garantizar la gratuidad de los libros de texto o que el partido en el gobierno menciona en este punto su intención de "mejorar la educación obligatoria y gratuita hasta los 16 años".
El PP presenta un programa que pivota sobre los contenidos básicos de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) que aprobó en 2013 enriqueciéndola con alguna innovación pretendidamente constructiva, como la implantación de conexión a internet de banda ancha en todos los centros o el perfeccionamiento del aprendizaje de idiomas mediante la emisión por televisión de programas educativos en versión original. El documento reconoce expresamente que "el sistema educativo español suspende por su falta de excelencia" y echa la culpa al "modelo socialista vigente desde hace dos décadas". Los populares afrontan el 20-D además con un horizonte que abarca "un plan de convivencia escolar" y otro de lucha contra el acoso, además de "promover el bilingüismo español-inglés desde el segundo ciclo de educación infantil".
La supresión de la ley vigente encabeza las demandas socialistas y recorre el interior de toda su batería de propuestas educativas. Su pretensión de retorno a la situación anterior a la LOMCE se sustancia, entre otras medidas, en la recuperación de la asignatura de Educación para la Ciudadanía o en el establecimiento de nuevos umbrales de renta y patrimonio que permitan restablecer "el verdadero sentido de las becas como un derecho". El PSOE ofrece además mecanismos para instaurar la gratuidad real de los libros de texto y coincide con Ciudadanos y UPyD en la propuesta de endurecimiento del acceso a la función docente, lejanamente en la línea de los planteamientos del "Libro blanco" que el filósofo José Antonio Marina ha elaborado por encargo del gobierno del PP. Las tres formaciones ofrecen un MIR para profesores similar al que tutela la entrada en la profesión médica.
Ciudadanos hace un guiño al "pacto de Estado" desde el epígrafe que dirige el capítulo educativo de su programa. Además del MIR docente optaría por un sistema de préstamo de libros que comprarían los colegios, por equipos directivos formados por profesores desligados del centro donde ejercieran su labor y por instituciones educativas obligadas a rendir cuentas periódicamente. Muy en consonancia con el perfil de su líder nacional, el esquema cuela un refuerzo de la enseñanza de la oratoria.
Podemos elige el impulso para las artes escénicas, un plan para eliminar los deberes escolares y en la espina dorsal del proyecto mucha medida de universalización y gratuidad, al menos para todos los niveles hasta los seis años, para la formación profesional o para "tasas universitarias accesibles", desprendiendo todo ese esfuerzo económico de su pretensión de incrementar la financiación del sistema. Los de Pablo Iglesias quieren aumentar la tasa de reposición del profesorado y sin llamarlo MIR ofrecen "un nuevo sistema de acceso a la función pública docente sustentado en criterios de objetividad y transparencia".
En la pretensión de "gratuidad real" de una enseñanza con menos estudiantes en cada clase confluyen con IU, que además de proponerse ir terminando con los centros concertados resume su propuesta en los cuatro apellidos de idea de educación "pública, gratuita, universal y laica".
UPyD compraría tres, dice "laica, pública y universal". El partido magenta propone abiertamente la recentralización en el Estado de las competencias educativas e incluye entre sus ejes prioritarios por ejemplo uno que quiere "recuperar la cultura del esfuerzo " y "poner fin a los aprobados regalados". En el capítulo financiero incluye préstamos blandos a estudiantes o congelación de tasas universitarias.
