La campaña electoral ha terminado porque el artículo 51 de la ley electoral decreta el cese de cualquier actividad que los partidos pudieran realizar con el fin de conseguir votos el día anterior a la jornada de las votaciones. Según una opinión ampliamente compartida, la prohibición es un anacronismo, similar al que impide la publicación de encuestas en los cinco días previos. Ambos desaparecerán con toda seguridad en la próxima reforma de la norma que regula la celebración de elecciones en España.
La denominada jornada de reflexión señala el momento en que el protagonismo del proceso electoral pasa de los partidos a los votantes. Los candidatos ahora deben guardar silencio y esperar a que los electores se pronuncien con su voto. La decisión a la que se enfrentan es, quizá, la más compleja y trascendental de cuantas han tenido que tomar en las elecciones celebradas en este ya largo periodo democrático que disfrutamos los españoles. Su importancia admite comparación únicamente con las primeras después del régimen franquista, las de 1977, que tuvieron un carácter fundacional para el nuevo sistema político. Las celebradas en 1982 y 1996 provocaron un cambio de gobierno, pero éstas tienen múltiples implicaciones añadidas y, según sea el resultado, traerán más y mayores consecuencias a la vida política del país. Los ciudadanos en general también parecen percibirlo así. De ahí su indecisión y la dificultad a la hora de resolver sus dudas, cuyo efecto más visible es la incertidumbre sobre el resultado y lo que tendrá que ocurrir después de contar los votos.
Mañana concluye un paréntesis en la democracia española que se abrió hace año y medio para rehacer el mapa político. Cada una de las cinco convocatorias a las urnas ha sido una batalla estratégica entre las distintas fuerzas políticas, unas establecidas y otras recién creadas, por definir los términos de la política nacional entera. El paréntesis se cerrará con las elecciones generales y la posterior formación del gobierno. Los partidos y los electores tienen bien presente que lo que se decida mañana puede suponer la apertura de una etapa, incierta pero muy diferente en cualquier caso, en nuestra vida política.
Se ha hablado mucho de si estas elecciones iban a tener lugar con la sociedad española dividida entre la izquierda y la derecha o entre los de arriba y los de abajo. Estas divisiones aún son útiles y permiten la ubicación ideológica y social de los votantes, cierto es que de forma un tanto simplificada. Sin embargo, el dilema electoral en esta ocasión consiste en optar por la continuidad o el cambio, con la particularidad respecto a todas las elecciones celebradas de que la opción del cambio no se reduce a proponer un mero relevo en el gobierno y la consiguiente sustitución de unas políticas por otras, sino que es diversa y algunos de sus postulantes anuncian reformas profundas que afectarían a las instituciones básicas del sistema político, llegando incluso a sugerir que se abra un proceso constituyente.
Si algo ha quedado claro durante la campaña electoral es la opción defendida por cada candidato. El PP es abiertamente partidario de la continuidad, sin oponerse a algunas reformas, siempre que sean limitadas y consensuadas. El PSOE impulsa un cambio de gobierno para reorientar las políticas en una dirección más igualitaria y admite la necesidad de reformas institucionales, especialmente en relación con la organización territorial del estado. Ciudadanos, y sobre todo Podemos, aspiran a representar una nueva cultura democrática con un diseño diferente del sistema político y un cambio general en las actitudes de los políticos y de los ciudadanos. En esta breve descripción no caben los detalles que convierten la elección en una operación más complicada que de costumbre.
Uno de esos detalles, no menor, es la correspondencia entre la papeleta del voto y el partido del futuro presidente del gobierno. Los candidatos han facilitado escasa información al respecto, con lo que aumentan las dudas y el riesgo de equivocarse del votante. Por eso, es de agradecer las declaraciones de ayer del candidato de Ciudadanos, manifestando su disposición a no obstaculizar la investidura del candidato más votado y a votar en contra de cualquier aspirante que sea respaldado por una coalición en la que participe Podemos. Descartada por todos una coalición de PP y PSOE, el escenario postelectoral es ahora más previsible, aunque aún hay grandes incógnitas por despejar. En el peor de los casos, al votante le queda el consuelo de que dentro de cuatro años, si no antes, tendrá de nuevo la oportunidad de votar.
