El crecimiento empresarial y el respaldo a la cooperación empresarial y a la innovación están también en todos los programas. El PP promete rebajas en el impuesto de sociedades para las pymes inversoras y estímulos singulares para el gasto en I+D+i. Y pone el acento en el desarrollo de la Ley de Unidad de Mercado para reducir las barreras regulatorias entre las comunidades autónomas. Ciudadanos enfoca en esa misma dirección y apuesta también por suprimir el "escalón fiscal" que, según las organizaciones empresariales, ahora frena a muchas compañías a dar el paso de superar los 50 trabajadores.

El PSOE ofrece también incentivos tributarios a la innovación, apoyo a la cooperación empresarial (formación de "clusters") y facilidades para la creación de uniones temporales de empresas. Los socialistas prometen asimismo potenciar el papel de la financiación pública a través del Instituto de Crédito Oficial.

Todos los partidos confluyen en el compromiso de promover los mecanismos de financiación empresarial alternativos a la banca (crowdfunding, entre ellos). Podemos e IU son los únicos que plantean la creación de una banca pública, manteniendo en manos del Estado las nacionalizadas Bankia y BMN. Esa banca pública, determinan los programas que lideran Pablo Iglesias y Alberto Garzón, tendría un papel principal en el apoyo a las pymes. IU añade la defensa de un sector industrial en manos públicas.

Pensiones. El sistema de pensiones registró desde 2012 reformas profundas que afectaron a la edad de jubilación (aumento progresivo a los 67 años), a las jubilaciones anticipadas (más restrictivas) y a la cuantía de las prestaciones (fin a la revalorización según el IPC y ajustes en el cálculo de la pensión inicial). Según todos los pronósticos, habrá más reformas en 2016, año en el que toca revisar los acuerdos del Pacto de Toledo. Los partidos anticipan ya propuestas ante los desafíos que encara uno de los grandes pilares del Estado de bienestar. El PP habla genéricamente de reforzar el sistema de pensiones, pero apunta también una reforma por la vía de los ingresos: que las prestaciones de viudedad y orfandad, ahora contributivas, pasen a financiarse con cargo a los impuestos en lugar de con las cotizaciones. Plantea también nuevos incentivos a los fondos de pensiones privados.

El PSOE quiere crear un nuevo impuesto de carácter finalista que apuntale el pago de las pensiones, incrementar la prestación de viudedad para quien no recibe otra y dar un bonus de dos años de cotización a las madres por cada hijo.

Ciudadanos pretende sustituir la regla de los 67 años por un "retiro flexible" que incentive a trabajar más allá de los 65 años. Al mismo tiempo es partidario de "limitar e incluso impedir" los planes de prejubilación como alternativa a los despidos en las empresas con ajustes laborales. Podemos e IU quieren volver a los 65 años y prometen eliminar los topes de cotización a los salarios más altos para inyectar más recursos al sistema y suprimir el mecanismo de revalorización aprobado en 2013.

Cuentas públicas. España acabará el año con un déficit público por encima del 4%, presumiblemente cerca del último objetivo comprometido con Europa, pero aún con uno de los desequilibrios fiscales más elevados de la UE. Ninguno de los cuatro grandes partidos reniega de la necesidad de caminar hacia la estabilidad en las cuentas, otra cosa son los ritmos y las recetas. En ellas afloran con claridad las divergencias ideológicas.

Por la vía de los ingresos, partidos como el PP y Ciudadanos defienden nuevas reformas fiscales que incluyen rebajas tributarias en el IRPF. El PSOE plantea crear impuestos verdes y abordar otros cambios para gravar más la riqueza y elevar la tributación efectiva de las grandes empresas. Podemos quiere subir el IRPF a las rentas altas y bajar el IVA de los suministros energéticos y de otros productos. IU subirá al 35% el gravamen de sociedades para las empresas que ganen más de un millón de euros y creará nuevos tributos sobre la riqueza y sobre los bienes de lujo. La mayoría de partidos asegura también que incrementará los ingrersos a través de la lucha contra el fraude.

¿Pueden los partidos sostener económicamente sus promesas sin comprometer las cuentas públicas? El PP considera compatible su programa y sus rebajas fiscales con los compromisos adquiridos con Bruselas en materia de déficit. Su criterio es que la fórmula de la austeridad y las reformas impulsará el crecimiento económico y con ello los ingresos del Estado. El resto de los partidos quieren renegociar con la UE la senda de reducción de los desequilibrios presupuestarios. El PSOE propone una nueva hoja de ruta que deje el déficit en el 1% al final de la legislatura. Ciudadanos pretende tratar ya un cambio en el objetivo de 2016 (3,2%) porque considera seguro que los Presupuestos del Estado conducen a una desviación que impondría al país nuevos ajustes. Y Podemos e IU, las formaciones más claramente partidarias de aumentar el gasto público, también aspiran a negociar itinerarios más suaves.

De uno u otro modo todos miran hacia Bruselas. La política económica que venga después de este domingo seguirá pasando por allí.