Madrid

El pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo rebajó ayer a tres años de prisión la condena de doce años y siete meses que la Audiencia Nacional impuso al etarra José Ignacio de Juana Chaos, que hoy cumple 99 días en huelga de hambre, por amenazas a un magistrado y a cinco directores de prisiones, abriendo así la posibilidad a su excarcelación en cuestión de meses.

Tras cinco horas de debate en sesiones de mañana y tarde, el pleno del Supremo estimó parcialmente el recurso de De Juana y lo condenó como autor de un delito de amenazas no terroristas en concurso con otro de enaltecimiento del terrorismo por dos artículos publicados en el diario «Gara».

El presidente de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, y los otros doce miembros realizaron varias votaciones en una reunión que fuentes jurídicas calificaron de «problemática» y en la que varios magistrados se inclinaron por la absolución mientras que otros se pronunciaron a favor de elevar la condena a 96 años de cárcel, tal como exigía la Asociación de Víctimas del Terrorismo.

El acuerdo alcanzado por el pleno supone imponer a De Juana una pena menor incluso a la solicitada por la fiscalía, que pidió mantener la condena de la Audiencia y que, alternativamente, se mostraba dispuesta a aceptar cuatro años de prisión si se apreciaba que incurrió en un delito de coacciones en concurso con otro de enaltecimiento del terrorismo.

Ahora todo queda en manos de Instituciones Penitenciarias, que tendrá que estudiar desde cuándo está De Juana en prisión provisional, porque aunque ésta fue decretada por la Audiencia en enero de 2005, el etarra todavía estaba cumpliendo una pena que se le impuso en 1989, que finalizó en agosto de 2005, por lo que se encuentra en prisión condicional desde esa fecha.

Así, De Juana, que liquidó con 18 años de prisión los 3.129 a los que fue condenado por 18 asesinatos, llevaría ahora 17 meses de cárcel y podría optar a la condicional cuando cumpla las tres cuartas partes de la condena, es decir, 27 meses. Por lo tanto, a De Juana aún le quedarían al menos diez meses entre rejas. Otros juristas sostienen en cambio que le falta año y medio por cumplir.

La condena podría quedar en suspenso si el Tribunal Constitucional admite a trámite el recurso de amparo que la defensa de De Juana ha anunciado que interpondrá para pedir su absolución. El TC suele suspender la ejecución de las condenas inferiores a cinco años. Por otra parte, la familia de De Juana le ha desheredado para preservar sus bienes de los pagos a sus víctimas ante los embargos de la justicia. La casa materna que le correspondía fue donada en vida a su hermana para burlar esos pagos.

«Es un día muy triste para quienes luchamos por la memoria y dignidad de las víctimas», dijo el presidente de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Francisco José Alcaraz, parar quien la decisión del Supremo «sólo puede agradar a los que están a favor del proceso de rendición» ante la banda terrorista.

La AVT reclamaba elevar la condena de De Juana hasta los 96 años de cárcel, la misma pena que pedía la fiscalía antes de modificar sus conclusiones provisionales en el juicio celebrado en la Audiencia. Este tribunal condenó al etarra por un delito de amenazas terroristas con la agravante de reincidencia por considerar que lo descrito en sus artículos constituía una «acción típica de "señalamiento" o "marcaje" de personas concretas y determinadas, aunque no se determine el mal con el que se amenaza». Basta ya acusa al Supremo de dejar «sin cobertura a los amenazados por ETA». El Sindicato Unificado de Policía anima al fiscal a apelar.

El PP manifestó ayer que «acata, pero no comparte», la rebaja de condena a De Juana, un «sanguinario terrorista» para quien reclama «la máxima pena de prisión posible». Horas antes, Ángel Acebes denunció «la lamentable campaña de apoyo a las pretensiones» del etarra por parte del Gobierno, así como «los privilegios» de los que goza.

El PSOE manifestó que su respeto a esta decisión «es aún mayor cuando estamos ante el fallo de un órgano judicial del máximo nivel». IU consideró que esta sentencia es «más ajustada a la realidad» que la de la Audiencia, que tachó de «desmesurada» y propia de «una justicia militante». También CiU la ve «más proporcionada» porque se trata de «dos artículos periodísticos». En el mismo sentido incide el PNV, que valora que el Supremo haya corregido a la Audiencia. EA va más allá y dice que la anterior condena buscaba «venganza». La proetarra Askatuna se limitó a acusar al Gobierno de «hacer malabarismos».