Madrid, Efe
El Gobierno advirtió a la Generalitat de Cataluña de la posibilidad de comprar derechos de uso de agua a los agricultores y la eficacia que esta medida ha demostrado ya en varias cuencas para afrontar situaciones de sequía.
Ayer se sucedieron los contactos institucionales y las declaraciones políticas sobre la propuesta de la Generalitat de trasvasar agua desde el Segre hasta Barcelona, una transferencia a la que el Ejecutivo central se opone.
Así se lo hizo saber la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, al consejero de Medio Ambiente, Francesc Baltasar, durante la conversación telefónica que mantuvieron, en la que la titular ministerial corroboró la posición del Ejecutivo, fijada ya por la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega. La titular de Medio Ambiente informó al consejero catalán de la posibilidad de comprar derechos de agua y recordó que esta fórmula ha demostrado ya su eficacia en diferentes cuencas para afrontar situaciones de escasez. Tras la conversación telefónica, Francesc Baltasar señaló que espera «persuadir» al nuevo Gobierno central de la necesidad del trasvase temporal del Segre a Barcelona, y que no trabaja «con la hipótesis de que el nuevo Gobierno no apruebe esta medida».
Mientras, CiU «no entiende, no comparte y no aprueba» el trasvase del Segre al Llobregat. También se mostró contrario a ese trasvase el secretario general de ERC y candidato a presidir este partido, Joan Puigcercós, quien opinó que trasvasar agua del Segre hacia el área metropolitana de Barcelona «no es una buena solución» y apostó por tomar otras «medidas de excepcionalidad». ERC apostó por negociar un pacto nacional del agua en Cataluña para consensuar las medidas para afrontar la sequía y pidió que se busquen alternativas a la captación de agua del Segre.
El PSC recordó a De la Vega que el Gobierno es de «toda España» y que debe dar o ayudar a dar alguna solución a la «emergencia» que significa que cinco millones de españoles de Barcelona puedan quedarse sin agua.
