Madrid

El Pleno del Tribunal Constitucional rechazó ayer el recurso que el PP interpuso el pasado julio contra la reforma de la ley orgánica de este órgano (LOTC), sobre todo, por el artículo que establece la prórroga del mandato del presidente y del vicepresidente de la Corte mientras no se lleve a cabo su renovación por las cámaras. Tras una batalla de recusaciones entre el Gobierno y el PP, el Pleno ha quedado compuesto únicamente por ocho de los doce magistrados que lo forman habitualmente.

La decisión fue adoptada en una votación que volvió a reflejar la profunda división existente entre los sectores progresista y conservador: los primeros (Elisa Pérez Vera, Eugenio Gay, Pascual Sala, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps) han impuesto su mayoría frente a Vicente Conde, Javier Delgado y Ramón Rodríguez Arribas, que han anunciado votos particulares.

El fallo, que se conocerá en los próximos días, avala el artículo de la LOTC que establece la prórroga automática del mandato del presidente y del vicepresidente del tribunal, lo que tuvo como efecto la continuidad en el cargo de la presidenta María Emilia Casas. El texto también rechaza el recurso del PP contra el precepto que establece la participación de los parlamentos autonómicos en el nombramiento de los cuatro magistrados designados por el Senado.

A las deliberaciones, que se iniciaron el pasado 26 de marzo, se ha llegado con un Pleno formado por sólo ocho magistrados después de que los dos afectados por la reforma de la LOTC -Casas y el vicepresidente, Guillermo Jiménez- se abstuvieran y otros dos -los conservadores Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata- fueran recusados.

Estos últimos se dirigieron al Pleno el pasado junio -cuando el PP ni siquiera había presentado su recurso- mediante un escrito en el que manifestaban su «más profunda discrepancia» con la reforma de la LOTC y pedían expresamente la dimisión de la presidenta.

El 19 de octubre, el Gobierno los recusó -era la primera vez en democracia que un Ejecutivo pedía apartar a dos magistrados de un asunto- por considerarlos «contaminados» para resolver el recurso al estimar que el escrito que habían firmado «anticipaba un juicio sobre la constitucionalidad» de la reforma de la LOTC.

El PP contraatacó después recusando, a su vez, a tres magistrados progresistas -Manuel Aragón, Pascual Sala y Pablo Pérez Tremps-, a los que acusó de haberse pronunciado también sobre la ley, esta vez a favor.

La apuesta del PP, que pretendía evitar la mayoría progresista en el Pleno resultante de la exclusión de García-Calvo y Rodríguez-Zapata, era arriesgada, ya que si se aceptaban sus recusaciones y las planteadas por el Gobierno, el Constitucional quedaría bloqueado, pues la ley exige un mínimo de ocho magistrados para que pueda adoptar decisiones.

El alto tribunal rechazó de plano las recusaciones del PP en un auto en el que llegaba a acusar a este partido de faltar al respeto a los magistrados y, el pasado 12 de marzo, acordó aceptar las de García-Calvo y Rodríguez-Zapata.

Estas maniobras revelan la importancia que tanto el PP como el Gobierno daban al asunto, ya que más allá de avalar o no la reforma de la LOTC estaba en cuestión quién iba a ser el presidente del Constitucional en los próximos meses, en los que el tribunal debe pronunciarse sobre el Estatuto de Cataluña o los matrimonios homosexuales.

Divididos al 50 por ciento entre progresistas y conservadores, la presidencia -con el voto de calidad si hay empate- puede ser clave para inclinar a uno u otro lado las decisiones del Pleno.