Madrid

El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) informó ayer de que el lunes por la tarde se detectaron partículas radiactivas en un camión que transportaba chatarra desde la central nuclear de Ascó a una chatarrería de Reus (Tarragona). Las organizaciones ecologistas Greenpeace y Ecologistas en Acción han presentado una denuncia para que el fiscal investigue la fuga radiactiva ocurrida en la central el pasado noviembre y acuse a los responsables.

Miembros del CSN se reunieron con los alcaldes de la zona de Ascó para informales sobre la situación de la planta y las medidas que se están llevando a cabo. Las instalaciones de la central registraron el 29 de noviembre un escape de partículas radiactivas procedentes de la ventilación de la planta atómica, aunque el incidente no se conoció públicamente hasta principios de este mes.

Las pruebas radiológicas realizadas ayer a los 44 alumnos y 3 profesores del Colegio de los Maristas de Gerona y al conductor del autocar que el pasado 4 de abril les llevó a visitar la nuclear «no han detectado presencia de actividad», informó el portavoz de la central, Eugeni Vives.

Está previsto realizar un control radiológico directo a unas 1.600 personas (el doble de lo previsto). Hasta ahora ya han sido controladas más de 850 y no se ha detectado ningún indicio de contaminación. La presidenta de CSN, Carmen Martínez Ten, dijo que se va a aplicar rigurosamente la ley, que precisamente desde el mes de noviembre ha multiplicado por diez la cuantía de las sanciones para el titular hasta un máximo de 30 millones de euros.

Respeto a la detección de contaminación en la chatarrería, el director técnico de Protección Radiológica del CSN, Juan Carlos Lentijo, matizó que las partículas radiactivas no se han encontrado en la chatarra sino mezcladas en la tierra que llevaba la caja del camión. Aunque no ha querido calificar de «mala fe» la actitud del titular de la central, Martínez Ten ha asegurado que hubo incumplimientos en el manejo de la contaminación y deficiencias en la información al CSN.

Precisamente esas deficiencias hicieron que en un primer momento el Consejo clasificase el incidente de nivel 1 en la escala internacional de INES, que llega hasta el 7, y el día 14 lo recalificase al nivel 2.