El juez vuelve a encarcelar a Roca bajo fianza de 3 millones por el riesgo de fuga

Roca, que salió hace una semana de la cárcel por el «caso Malaya» tras pagar un millón de euros, ingresó en la prisión de Soto del Real, de donde no saldrá hasta que deposite los tres millones que ha establecido el juez, quien ha tenido en cuenta, además del riesgo de fuga, la proximidad del juicio por esta causa, en la que Roca se enfrenta a una pena de 10 años.

De esa cantidad se le descuentan los 450.000 euros que Roca depositó en su momento por este procedimiento, conocido también como el de «las facturas falsas», y en el que se investiga el presunto desvío de 26,7 millones del Ayuntamiento de Marbella a empresas privadas entre 1991 y 1995.

El magistrado justifica en su auto lo elevado de la fianza por atribuirle un patrimonio de unos 200 millones de euros (el juez apunta en el auto que es titular de cuentas bancarias en paraísos fiscales) y en el poco tiempo que ha tardado en depositar las dos fianzas que tiene. La primera, de 450.000 euros, se le impuso por esta causa el 23 de abril de 2002 y la ingresó en 24 horas. La procedencia de este dinero, dice el juez, «resulta parcialmente dudosa» y, precisamente, la Fiscalía solicitó ayer que se investigue su origen y el juez ha iniciado los trámites para que esto se lleve a cabo.

Por el «caso Malaya», el Juzgado de instrucción número 5 de Marbella fijó un aval económico de un millón de euros, que Roca tardó 18 días en depositar (lo hizo el pasado 15 de abril).

Por ello, Ruz juzga que el acusado cuenta con «amistades, vínculos familiares, etcétera» que pueden hacer frente a los 3 millones de euros, cantidad que el juez considera «de suficiente entidad e importancia como para conjurar» el riesgo de fuga del acusado.

En el caso de que el ex asesor urbanístico haga efectivo el aval económico, el magistrado ha establecido otras medidas cautelares, entre ellas la prohibición de abandonar el país, retirada del pasaporte, comparecencias ante las autoridades judiciales y la obligación de fijar un domicilio.

El juez, que ha tardado cuatro horas en redactar el auto, también argumenta que la petición de diez años de prisión por parte de la Fiscalía está fundada en «sólidos indicios de criminalidad» que, en absoluto, «han quedado debilitados a lo largo del tiempo».

Juan Antonio Roca, que llegó a la Audiencia Nacional pasadas las 9.30 horas, alegó ante el juez ser víctima de «un linchamiento político-mediático» por parte de los que ejercen la acusación, que es el Ayuntamiento de Marbella (PP).

El segundo teniente de alcalde marbellí, Félix Romero, dijo que la Corporación había pedido «más garantías», es decir, prisión incondicional, «porque teníamos miedo de no poder recuperar los bienes del Ayuntamiento».

Aunque consideró que no se trata de una resolución «óptima» porque «nosotros queríamos que hubiese más cautelas, esto nos hace estar un poco más conformes de lo que estábamos antes de que se celebrara la vistilla».