El alcalde de Puerto Real llama al Rey «hijo de un crápula», «corrupto» y «deleznable»

La fiscalía abre una investigación para determinar si Barroso, de Izquierda Unida, ha incurrido en un delito de injurias a la Corona

 
José Antonio Barroso.
José Antonio Barroso. 

Cádiz

Tras las declaraciones del alcalde del municipio gaditano de Puerto Real, José Antonio Barroso (IU), en las que acusaba al Rey de «corrupto», la fiscalía de Cádiz abrió una investigación para determinar si las declaraciones son constitutivas de un delito de injurias a la Corona tipificado en el Código Penal.

No obstante, sin siquiera esperar a ver si las declaraciones constituyen injurias al Rey, el PP de Puerto Real exigió al Alcalde una rectificación de lo que considera «graves insultos» al Monarca, aunque sin éxito, pues, lejos de rectificar, el Alcalde no se retracta y espera que esta polémica sea «la primera piedra del advenimiento de la III República».

Las declaraciones de Barroso tuvieron lugar el pasado 16 de abril, durante un acto organizado por el Ateneo Republicano en el que espetó que «el Borbón es hijo de un crápula. El Borbón de condición deleznable, el presente, no es menos deleznable de lo que su padre fue. Afectó al golpe de Estado, despreciado por el tirano, al que reiteradamente le solicitó su incorporación al Ejército faccioso. El Borbón es hijo de una persona de condición licenciosa, deplorable, deleznable. No menos licenciosa que la de su esposa. El Rey, señores, porque su procedencia lo es, es corrupto».

El Alcalde basó sus afirmaciones en que «el entorno empresarial que frecuenta el Rey ha sido culpado y condenado a penas de cárcel, y él tiene vínculos acreditados con ellos, por lo que se deduce que el Rey es de naturaleza corrupta».

Barroso recibió el apoyo del grupo parlamentario Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Iniciativa per Catalunya Verds, cuyo portavoz, Joan Ridao, y el diputado Joan Herrera registraron en el Congreso una proposición de ley orgánica para que el Código Penal deje de penalizar las injurias contra el Rey y otras personas vinculadas a la Corona. En la misma línea, el coordinador de la red de municipios y cargos públicos por la III República, Antonio Romero, exigió que se archive la diligencia de la investigación.

Un tribunal de Oslo le considera "sano", por lo que reúne las condiciones para cumplir la pena en prisión

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