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Garzón clausura la sede de ANV en Portugalete tras un registro policial

Francia juzga a Susper, ex jefe del aparato militar, y a otros cuatro etarras por la extorsión de empresarios españoles

 

Bilbao

La sede de ANV en la localidad vizcaína de Portugalete fue precintada ayer por orden del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tras ser objeto de un registro que se prolongó durante cuatro horas, aproximadamente.


Agentes del Cuerpo Nacional de Policía abandonaron el local, un bar ubicado en la calle Santa María, en la parte vieja de la localidad vizcaína, sobre las 14.00 horas, portando varias cajas con diversa documentación. También fue retirada de un mástil la bandera de este partido, cuya actividad fue suspendida por orden de Garzón el pasado 8 de febrero por un periodo de tres años.


El registro comenzó sobre las diez de la mañana y, durante su desarrollo, varias decenas de simpatizantes de la izquierda abertzale, entre los que se encontraba el presidente de ANV, Kepa Bereziartua, se concentró cerca del local tras una pancarta con el lema en euskera «No nos callaréis. Independencia». Lanzaron gritos contra la presencia de la Policía y a favor de ANV, y pidieron «democracia para Euskal Herria», entre otras reivindicaciones.


El pasado miércoles, Garzón ordenó el ingreso en prisión de la alcaldesa de Arrasate, de ANV, Inocencia Galparsoro, por actuar, según el juez, en nombre de esta formación suspendida.


A través de un comunicado, la izquierda abertzale denunció que tanto el registro y cierre de la sede de ANV de Portugalete como el encarcelamiento de la alcaldesa de Mondragón, Inocencia Galparsoro, son «ataques» que demuestran que «vivimos en estado de excepción». En este punto acusaron al PSOE de «estar inmerso en un delirio represivo» y llamaron a la huelga general.


Por otra parte, el que fuera jefe del aparato militar de ETA Juan Ibón Fernández Iradi, «Susper», negó ayer legitimidad al Tribunal especial de lo Criminal de París que lo juzga por diversos cargos, entre ellos la extorsión, en un proceso en el que comparecen otros cuatro miembros de la banda.


En el juicio, a Fernández Iradi, su compañera Beltzane Obanos y su brazo derecho, Lorena Somoza, se les acusa, entre otros cargos, de receptación de más de 914.000 euros procedentes del impuesto terrorista que la banda terrorista cobró a empresarios españoles, de los cuales 700.000 procedían de operaciones del llamado secuestro exprés.

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