Madrid
El presidente del PP, Mariano Rajoy, condicionó ayer la reforma de la financiación autonómica a que el nuevo modelo sea aprobado «por unanimidad», a que no se traduzca «en ningún caso» en subida de impuestos ni por los ayuntamientos ni por las comunidades ni por el Estado, y a que las administraciones públicas mantengan el superávit.
«Probablemente no sea el momento ideal para debatir la financiación, pero es una decisión del Gobierno, que respetamos», afirmó el líder del PP, para quien la situación económica no facilita la reforma del modelo.
Rajoy subrayó la «unanimidad» como criterio principal para que la reforma se lleve a cabo y para garantizar «la igualdad de todos los españoles» en el nuevo sistema.
También exige el dirigente del PP que esta reforma no conlleve una subida de impuestos y que permita mantener el superávit de las administraciones públicas, en un panorama que económicamente se presenta «difícil» por la bajada de la recaudación y por medidas, censuró Rajoy, como la paga de 400 euros a los contribuyentes decidida por el Gobierno.
Por su parte, el PSCL esgrimirá y defenderá dentro de su partido y en los foros en los que se debata el acuerdo cerrado en torno a la financiación autonómica, que recoge la extensión territorial, la despoblación, el envejecimiento, el municipalismo y la riqueza patrimonial y natural como elementos a tener en cuenta a la hora de decidir los criterios de reparto de la financiación. El PSCL recordó que los presidentes de las comunidades del norte de España -Galicia, Asturias y Cantabria- se «reúnen constantemente».
El vicepresidente segundo del Gobierno andaluz y consejero de Economía, José Antonio Griñán, se mostró «desconcertado» ante la propuesta de la Generalitat catalana sobre el nuevo modelo de financiación autonómica y dijo que el Gobierno valenciano debe explicar «por qué está de acuerdo con eso». Griñán añadió que «lo que de ninguna manera es positivo es hacer frentes». Los catalanes quieren que en el nuevo modelo pesen más las variables de población y la renta per cápita y que los criterios de solidaridad se reduzcan a las áreas de educación, sanidad y servicios sociales.
El presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, aclaró que no quiere contribuir a alimentar la «catalanofobia», aunque sí subrayó que no aceptará un modelo de financiación autonómica pactado de forma bilateral.
El líder de CiU, Artur Mas, acusó al Gobierno de retrasar la negociación del nuevo sistema de financiación para Cataluña, a la espera de que el TC recorte el modelo que el Estatut contiene.
