Madrid / Oviedo
Un informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pone de relieve la situación de congestión que vive la justicia en España. Hasta 269.450 sentencias de lo penal están a la espera de ser ejecutadas en los juzgados de las comunidades en las que existen juzgados de lo penal ordinario y los órganos especializados en esta materia. Según este documento, la situación de mayor congestión se vive en Cataluña, con 56.582 causas pendientes de aplicación, seguida de la Comunitat Valenciana, con 39.868 sentencias en espera de ejecución.
En Asturias, cada Juzgado de lo penal (nueve en total) tiene una media de 764 sentencias pendientes, lo que hace un total de 6.876. Los juzgados de lo penal del Principado se encuentran en Oviedo (cuatro), Gijón (tres), Avilés (uno) y Langreo (uno) y todos mantienen íntegras sus competencias sobre sus sentencias. Esta media de 764 se encuentra por debajo de la media nacional, que se calcula en 795 sentencias sin ejecutar.
El informe, que ha sido elaborado por el Servicio de Inspección y que será discutido mañana en la comisión permanente del órgano de gobierno de los jueces, que preside Francisco José Hernando, revela que, de esas casi 270.000 sentencias pendientes de ejecución al cierre de 2007, un 70,25% (189.280) está en los juzgados de lo penal y el 29,74% restante (80.125) en los juzgados especializados. «La carga de trabajo que soportan los juzgados penales de ejecutorias indicados en este informe, durante el trienio 2005-2007, excede ampliamente el módulo previsto para este tipo de órganos», denuncia el estudio.
El informe señala que con las cifras de sentencias pendientes de ejecución se «sobrepasa la media del registro en un 21 por ciento en Madrid, en un 52,24 por ciento en Barcelona, en un 99,62 por ciento en Valencia, en un 82,30 por ciento en Palma de Mallorca, en un 80 por ciento en Bilbao, y en un 4,10 por ciento en San Sebastián». Así, por comunidades autónomas, la peor situación se registra en Cataluña, donde hay 56.582 procedimientos (22.499 en juzgados de ejecutoria), seguida de la Comunidad Valenciana, con 39.868 (15.929); la Comunidad de Madrid, con 37.476 (10.020); País Vasco, con 7.571 (6.200), y Baleares, con 10.127 (2.086).
El estudio alude a «determinadas circunstancias» como causa de que se haya «impedido la obtención de una optimización en el desarrollo de la actividad jurisdiccional prestada por estos juzgados». En concreto, hace referencia a una «elevadísima movilidad funcionarial, lo que ha determinado que entre el 10% al 90% de la plantilla funcionarial de estos juzgados este cubierta por personal interino» o «la falta de experiencia del personal adscrito en el orden jurisdiccional penal» o «cierta descoordinación entre el personal titular a la hora de desarrollar su actividad».
«La ausencia de un sistema informático que permita controlar las distintas fases procesales de las ejecutorias incide de manera muy negativa en el funcionamiento de estos juzgados», añade también el CGPJ, en cuyo informe también aporta sus propias soluciones de carácter «coyuntural» y «estructural».
En este sentido, propone la inclusión de medidas de refuerzo para los juzgados más saturados, así como intervenir «para cubrir estas plazas con personal titular, o que se facilite la formación necesaria al personal interino que permita el desarrollo de su trabajo con la calidad y garantía exigible para el correcto funcionamiento del correspondiente órgano».
En el plano estructural, el CGPJ aboga por «implantar un sistema informático de gestión procesal propio para este tipo de órganos» y «modificar los boletines estadísticos que emiten estos juzgados».
