Madrid
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), Carlos Carnicer, achacó ayer a la huelga de funcionarios de Justicia el colapso de esta administración y fijo en más de un millón el número de procesos judiciales pendientes de ejecutar en las jurisdicciones de lo administrativo, lo civil, lo penal y lo social.
«Ha sido una huelga extraordinariamente perniciosa», dijo Carnicer, quien añadió que «los abogados están en la línea de lo que piensa la ciudadanía sobre la situación de la justicia», al tiempo que denunció los efectos que esto puede tener sobre la sociedad. Así, apuntó al riesgo de vulnerar derechos fundamentales «como el primario de la tutela judicial efectiva, sencillamente porque habrá a quien se le habrá pasado la vez».
Así las cosas, el portavoz de Justicia del PP en el Senado, Agustín Conde, pidió la comparecencia urgente del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, ante la situación de «gravedad extrema» y de colapso que, a su juicio, atraviesa el sistema judicial.
Por su parte, el portavoz socialista en el Congreso, José Antonio Alonso, consideró «clave» la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para la necesaria modernización de la justicia.
Los nacionalistas de CiU y del PNV darán hoy su aval en la Comisión de Justicia del Congreso a la reelección de Cándido Conde Pumpido como fiscal general del Estado. En contra, además del PP, votará la diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPD), Rosa Díez.
