Madrid

La reunión que José Luis Rodríguez Zapatero mantendrá el próximo miércoles con los presidentes autonómicos socialistas sobre la reforma de la financiación no implicará diferencia respecto a las demás, ni un acuerdo definitivo. La vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, afirmó ayer que el sistema «va a ser para todos» y que el Gobierno no pondrá «en cuestión ninguna disposición de ningún Estatuto», en alusión al texto catalán, que establece que la negociación será bilateral.

Zapatero dijo que esa reunión será una «primera toma de contacto» y que «no es de esperar» que de ella salga «una posición definitiva» sobre la reforma de la financiación. El presidente pretende con esta convocatoria atajar las diferentes sensibilidades expresadas por miembros del PSOE.

En la misma línea, De la Vega indicó que será un encuentro «informal» del Presidente, «de las muchas que va a tener». Aunque cree que hay «muchos elementos para el acuerdo» con todas las comunidades, la Vicepresidenta reconoció que «cada autonomía tiene sus argumentos». «Es necesario conciliar todas las demandas y que el Gobierno escuche a todo el mundo», añadió.

El nuevo modelo deberá «reforzar la autonomía financiera de las comunidades bajo el principio de suficiencia», aunque «garantizándose la solidaridad interterritorial y la convergencia», dijo De la Vega. Así, el esfuerzo que tendrán que hacer los agentes implicados deberá ser para conseguir «un acuerdo válido y satisfactorio para todos», en busca de un sistema que sea «el mejor».

«El objetivo es armonizar intereses de todos», señaló De la Vega. En asuntos «muy importantes» como la sanidad o la educación las comunidades tendrán una «mayor autonomía, responsabilidad y suficiencia», aunque siempre se garantizará «la solidaridad y la aproximación de las rentas» entre los distintos territorios.

La Vicepresidenta añadió que «hay comunidades que no se oponen al concepto de solidaridad, porque está garantizado en la Constitución», pero que «solicitan que se establezcan otras garantías para que en función de su renta y población» no se vean «perjudicadas en su dinamismo». Pero hay otras que «dicen otras cosas» y el Gobierno trata de «armonizar para que se pueda compatibilizar el dinamismo de unas y la solidaridad interterritorial».

Respecto al Estatuto catalán, que en su artículo 208 establece que «el Estado y la Generalitat procederán a la actualización quinquenal del sistema de financiación», De la Vega aseguró que «cumpliremos la ley y el Estatut».

Pero desde filas populares no están muy de acuerdo con esa negociación bilateral. Cristóbal Montoro aseguró que no van a «admitir un sistema que nazca de la bilateralidad del Gobierno con una comunidad», algo «totalmente inadmisible» .

El ex presidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra dijo, por su parte, que está harto del «lenguaje casposo y antiguo» de algunos que sobre las balanzas fiscales hablan de «regiones ricas y pobres». «Desde Extremadura les digo que el pobre lo será su padre, nosotros no somos pobres», añadió. Ibarra dijo que esperará para decir si el ministro Corbacho es extremeño. A lo que éste le respondió que sí lo es.