La financiación autonómica, gran debate del inicio de legislatura
 

Del 15% a la corresponsabilidad

Se inicia una semana clave para que el Gobierno alcance un acuerdo no sólo con el PP, sino con los barones socialistas enfrentados

 

Madrid


Las comunidades autónomas inician mañana, martes, una semana decisiva para lograr un acuerdo sobre el nuevo sistema de financiación. Con toda seguridad, volverán a enfrentarse por el peso que deben tener en el modelo la población, la renta per cápita o la dispersión.


Algunas, como la Comunidad Valenciana, Baleares y Cataluña, quieren aumentar la ponderación de la población, la inmigración, el esfuerzo fiscal o la renta per cápita, mientras que otras, como Aragón, Andalucía y Asturias, creen que deben puntuar más otras variables, como el territorio, el envejecimiento y la dispersión.


Para el miércoles el presidente Zapatero ha citado a los presidentes autonómicos del PSOE para intentar conciliar sus desavenencias: el de Cataluña, José Montilla, por ejemplo, urge a sentarse, mientras que el de Andalucía, Manuel Chaves, prefiere esperar a una mejor coyuntura.


La negociación no se espera fácil, y se prevé larga. De todas formas, hay una fecha fijada en el Estatuto de Cataluña, el 9 de agosto, día en el que se cumplirán los dos años de su entrada en vigor, lo que obliga a la puesta en marcha del consorcio entre la agencia tributaria estatal y la catalana, y a que se conozcan las líneas básicas de la nueva financiación.


Como el Gobierno quiere que el modelo que se acuerde con Cataluña se extienda a todas las comunidades, para entonces habrán de conocerse los mecanismos de nivelación y los servicios que quedarán cubiertos con esos fondos.


Cataluña quiere limitar los mecanismos de igualdad a sanidad, educación y asuntos sociales, a lo que se oponen las comunidades del Suroeste y la propia Asturias. Al vicepresidente económico, Pedro Solbes, le preocupa, sobre todo, lograr una financiación suficiente «a largo plazo», a la vez que garantiza la nivelación de los servicios básicos, la cesión de mayores parcelas de impuestos y la potenciación de la corresponsabilidad fiscal de las comunidades, con espacios fiscales propios, tal como reclamó esta misma semana el presidente del Gobierno en su comparecencia ante el Senado.


Zapatero y Solbes buscan asegurar la suficiencia financiera de las comunidades autónomas -son ellas las que pagan la educación y la sanidad-, pero también la del Estado, que mantendrá, al menos, el 50 por ciento del gasto público.


Cataluña reclama, además, la bilateralidad en sus relaciones con el Gobierno, que no la rechaza, pero recuerda que el sistema ha de ser para todas las de régimen común -sólo se exceptúa a Navarra y el País Vasco-, por lo que el acuerdo se debe alcanzar en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).


La propuesta catalana, que es bien vista por el Gobierno, amplía la participación en la cesta de impuestos hasta el 50 por ciento del IRPF y del IVA o el 58 por ciento de los impuestos especiales.


La financiación autonómica ha variado notablemente en los últimos años, ya que se inició con la cesión del 15 por ciento del IRPF, aprobada en 1992. El modelo vigente se aprobó por unanimidad en julio de 2001, después de seis meses de negociaciones, y entró en vigor el 1 de enero de 2002.


Fue dotado con 8,5 billones de pesetas y se fijó el año 1999 como base para la contabilidad y el censo de la población. La población pondera en un 94 por ciento, en un 4,2 la superficie, en un 1,2 la dispersión y en un 0,6 la insularidad. El fondo de suficiencia aprobado proporcionó partidas adicionales a aquellas autonomías en las que los gastos superasen a los ingresos.


El Gobierno cedió el 33 por ciento del IRPF, el 35% del IVA, el 40% de los impuestos especiales de hidrocarburos, tabaco y alcoholes y cerveza, y el cien por ciento de los impuestos sobre la electricidad y las matriculaciones. Éstos se sumaban a los ya cedidos de patrimonio, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales, actos jurídicos patrimoniales y la tasa sobre el juego.


Todos forman parte de la financiación incondicionada, mientras que en la condicionada figuran los fondos de asignación de nivelación para educación y sanidad, el de cohesión destinado a sanidad, el de compensación interterritorial y los que se deriven de convenios y contratos, o bien programas.

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