Madrid, Efe

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, reconoció ayer que la detención del número 1 de ETA, Francisco Javier López Peña «Thierry», «no es el fin» de la banda, ya que la banda sustituye su cúpula de forma inmediata y, de hecho, «ya la ha nombrado».

En su primera comparecencia en el Congreso, Rubalcaba pidió el apoyo de los grupos para acabar con ETA, que todavía puede hacer «mucho daño», a pesar de que está «más débil que nunca». El titular de Interior se comprometió a destinar 500 nuevos agentes a la lucha contra el terrorismo de todo tipo. El PP felicitó al Gobierno por su «cambio de posición» y reafirmó su «principio de lealtad» frente a la banda.

El Ministro informó de que su departamento destinará 500 agentes más a combatir el terrorismo. Mientras, los gobiernos central y vasco siguen sin atender la petición de los jueces vascos para que se refuerce su protección frente a ETA.

En Sevilla, la Guardia Civil detenía ayer en en un cibercafé a un hombre por apología del terrorismo. La operación fue ordenada por la audiencia nacional, que decretó el secreto del sumario, por lo que no se descartan nuevos arrestos. Los agentes registraron la vivienda del detenido.

Por otra parte, el juez Santiago Pedraz citó a declarar como imputado al alcalde de Arrigorriaga (Vizcaya), el peneuvista Alberto Ruiz de Azúa, enaltecimiento del terrorismo y humillación a las víctimas por mantener una plaza a nombre del etarra José Miguel Beñaran, alias «Argala». Pedraz ordenó estas diligencias después de que la Sala de lo Penal le obligara a admitir una querella contra el Alcalde, quien dijo que la decisión sobre la plaza fue tomada por unanimidad en 1979 en una Corporación formada por el PCE, PSOE, HB y PNV.

El dirigente de Askatasuna, Juan María Olano, se negó a declarar ante el juez Grande-Marlaska por participar en el homenaje a un etarra. La Audiencia Nacional, entre tanto, redujo en tres años la pena impuesta a una etarra condenada a más de 700 por la matanza de Hipercor y a la que dio amparo el Tribunal Constitucional para acogerse a beneficios penitenciarios. Por último, un estudio del Instituto Elcano para Defensa avisa de que España es hoy más blanco de Al Qaeda que antes del 11-M, y destaca la amenaza contra Ceuta y Melilla.