Madrid
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz abrió ayer diligencias para determinar si la carta atribuida al terrorista Iñaki de Juana Chaos, que fue leída en un acto de homenaje al excarcelado celebrado el pasado sábado en San Sebastián, supone un delito de enaltecimiento del terrorismo, que se castiga con penas de uno a dos años de cárcel.
En una providencia dictada ayer, el titular del Juzgado central de instrucción número 6, que se encontraba de guardia la semana pasada, ordena la apertura de oficio de una investigación sobre la autoría de la carta, en la que De Juana se refería al dirigente etarra Txomin Iturbe como «un gran hombre» y «amigo de este pueblo» y reproducía su expresión «Aurrera bolie!» («Adelante la pelota»), interpretada como «adelante la lucha armada».
El magistrado instructor pide información a las Fuerzas de Seguridad para que determinen si el acto de recibimiento a De Juana, que finalizó con «vivas a ETA», lo organizó el ilegal colectivo Askatasuna, encargado de prestar apoyo a los presos de la organización terrorista, y solicita que se identifique a las personas que estuvieron presentes en él.
Fuentes gubernamentales informaron de que el Gobierno instaría al fiscal general del Estado a que actuase si de la investigación se concluyese que sí hay delito. Respecto a la indignación causada por el hecho de que De Juana esté residiendo desde su excarcelación cerca de algunas de sus víctimas, el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró que estudiará todo lo que haga el ex preso, porque, añadió, no va a «consentir» que falte al respeto a las víctimas. El Ministro se abstuvo de pronunciarse sobre si la misiva de De Juana podría ser constitutiva de delito.
Por otra parte, un piso en desuso que había sido utilizado por el «comando Vizcaya» de ETA fue localizado el domingo por la tarde en el municipio riojano de Ezcaray, según anunció ayer Rubalcaba. Este hallazgo se une al de otros tres domicilios y dos zulos, también riojanos, hallados a raíz de la desarticulación del Vizcaya.
Mientras, la Fiscalía General del Estado ha pedido, en sus alegaciones finales ante el Tribunal Supremo, la ilegalización de los partidos políticos ANV y PCTV por considerar que ambas formaciones han desarrollado una estrategia global de colaboración con la ya ilegalizada Batasuna, que incluye el apoyo a la violencia terrorista de ETA.
Así se indica en las alegaciones presentadas ayer por la Fiscalía ante la Sala Especial del 61 del Supremo, encargada de resolver las demandas de ilegalización de ANV y PCTV, suspendidas por el juez Baltasar Garzón.
Sobre ANV, el fiscal subraya que su subordinación a la estrategia de Batasuna de apoyo al terrorismo se concreta en una «caja única» para cubrir los gastos tanto de ANV como de PCTV y de Batasuna. En esa tesorería única, localizada en la sede del PCTV en Usúrbil (Guipúzcoa), confluían «los ingresos de todo orden» y desde ella se realizaban los correspondientes pagos, ya fuera para satisfacer las necesidades de las dos formaciones como para sufragar los gastos de los dirigentes de la mesa nacional de Batasuna o de personas vinculadas a ella.