La Audiencia Nacional investiga las conexiones entre ETA y las FARC

Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha abierto una investigación sobre las conexiones entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y ETA para determinar si, como sostiene la Fiscalía, cinco miembros de la banda terrorista vasca participaron en 2003 y 2007 en cursos sobre explosivos impartidos en la selva colombiana, informaron ayer fuentes jurídicas.

El titular del Juzgado central de instrucción número 6 admitió a trámite la querella criminal presentada el pasado 14 de noviembre por el fiscal Vicente González Mota y solicitó a las fuerzas de seguridad que le remitan información sobre la actividad de los cinco etarras, para los que pidió la detención y su ingreso en prisión provisional. En concreto, se trata de Iñaki Domínguez Atxalandaburo y otro etarra conocido con el apelativo de Martín Capa, que habrían impartido cursos sobre explosivos en agosto de 2007, y José Ignacio Echarte Urbieta, José Ángel Urtiaga Martínez y Arturo Cubillas Fontán, que los habrían recibido entre julio y agosto de 2003. En la actualidad, todos ellos se encuentran huidos en Cuba y Venezuela.

Según el escrito del fiscal, que parte del análisis de 25 correos electrónicos incautados en marzo de 2008 al dirigente de las FARC Luis Édgar Devia, «Raúl Reyes», durante estos entrenamientos las FARC pidieron a ETA su colaboración para atentar en España contra el ex presidente colombiano Andrés Pastrana y otros cargos políticos y militares del país sudamericano. A este respecto, la Fiscalía destacó el «relevante» correo electrónico que Raúl Reyes envió al también dirigente de las FARC Manuel Marulanda, «Tirofijo», en el que destacaba «el compromiso de los de Euskalherria para contribuir con trabajos en España y otros países», informa «Europa Press».

El ministerio público pedía que se identificara a otros tres miembros de ETA apodados «Enrique», «Dani» e «Indio» que también habrían asistido a estos campamentos, y que se tomara declaración a otros siete miembros de las FARC que habrían participado en los encuentros. Se trata de Alfredo Vargas Gómez; Diana Yamile Álvarez Galvis; José David Quebrada, «Yoyo»; Paola Andrea Rodríguez Martínez, Juan Carlos Celis González y Rosember Gutiérrez Puertas, y otros dos conocidos con los alias de «Camilo» y «Carlos». También solicitó que se librara una comisión rogatoria internacional para obtener más documentación sobre la causa.

En un escrito de 17 folios en el que repasa las relaciones entre ambos grupos terroristas desde 1993, la Fiscalía sostiene que la colaboración entre este grupo y ETA se extendió a la celebración de cursos en los campamentos de Noel Matta Matta, «Nariño», y Luciano Martín Arango, «Iván», donde al menos cuatro miembros del grupo colombiano «habrían recibido formación para el manejo de explosivos».

Los cursos habrían sido impartidos por Martín Capa y Domínguez Atxalandaburo, que se desplazaron a la selva colombiana en agosto de 2007 para explicar el manejo de explosivos a 13 miembros de las FARC y 7 del Frente de Liberación Bolivariana (FLB).

El curso duró unos 20 días, a razón de dos horas diarias, e incluyó sesiones teórico-prácticas sobre el manejo del C-4, un explosivo con «un efecto destructivo superior» al de la dinamita y de fácil adquisición en Venezuela. Además, Domínguez impartió una clase sobre la utilización de teléfonos móviles como mecanismo iniciador de las cargas explosivas.

Mientras, el Estado sólo ingresará 544 euros procedentes de la liquidación de bienes de Batasuna.

La Asociación «Dignidad y Justicia» pidió ayer al Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que cite a declarar como imputada en la causa sobre PCTV a la abogada y dirigente de batasuna Jone Goirizelaia.