El juez imputa a Camps y al «número dos» del PP valenciano por los trajes de la red corrupta

Madrid / Valencia, Agencias

El presidente valenciano, Francisco Camps, y el secretario general de los populares en esta región, Ricardo Costa, fueron citados ayer a declarar como imputados por su relación con la supuesta trama de corrupción del «caso Gürtel» que salpica a cargos del PP. A diferencia de lo ocurrido con los diputados de Madrid Alfonso Bosh, Alberto López Viejo y Benjamín Martín Vasco, la dirección nacional del partido no ha suspendido en militancia a Camps, a quien ha expresado públicamente su plena confianza.

El magistrado instructor de la causa abierta en el Tribunal Superior de Valencia para investigar un posible delito de cohecho ha citado a declarar también al ex vicepresidente valenciano Víctor Campos y al ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret.

La imputación del presidente valenciano llega tres meses después de publicarse su relación con el «caso Gürtel». Se trata del décimo mandatario regional que se ve involucrado en un proceso judicial.

Camps y Costa -portavoz del PP en el Parlamento valenciano- han sido citados para el martes, mientras que Campos y Betoret tendrán que acudir al día siguiente al tribunal. El juez basa su imputación en un supuesto delito de cohecho por haber aceptado trajes valorados en 12.700 euros y 7.300, respectivamente, a cambio de favores a la red de corrupción de Francisco Correa. Este delito conlleva de uno a cuatro años de cárcel cuando la cantidades recibidas son muy altas. En el resto de los casos está castigado con multa e inhabilitación.

Antes de conocerse su imputación, Camps comparecía en la sesión de control del Parlamento autonómico, donde defendió la honorabilidad de su Gobierno y aseguró que se siente «tranquilo» porque «no hay nada que ocultar». Después volvió a obtener el respaldo pleno de la dirección nacional del PP. Fuentes de Génova señalaron a la agencia «Efe» que con la citación «se acaba con la indefensión» del presidente valenciano y subrayaron que en la dirección hay «plena confianza» tanto en Camps como en Costa.

Soraya Sáenz de Santamaría apeló al derecho a la presunción de inocencia. El partido no le ha suspendido de militancia porque cuenta con un comité de garantías que valora «las circunstancias» de cada caso, añadió. Preguntada sobre si el PP tiene dos varas de medir, ya que los tres diputados madrileños imputados han sido suspendidos, la portavoz lo negó y recordó que ha habido casos de personas imputadas y después absueltas, lo que «ha generado mucho dolor».

El PSOE dijo que Mariano Rajoy, al no exigir responsabilidades, está vinculando su «destino político» al de los dirigentes de su partido imputados en casos de corrupción. Desde el Gobierno, la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega instó al PP a ofrecer explicaciones a los ciudadanos sobre unos hechos que ha calificado de «graves», pero no ha querido opinar sobre los pasos que debería dar el principal partido de la oposición. Tras pedir «respeto» a la decisión judicial, apostó por la prudencia para que los jueces puedan trabajar sin ningún tipo de presión. IU también exigió al PP que tome medidas.

Según las investigaciones desarrolladas por el juez Baltasar Garzón antes de inhibirse en favor del TSJCV, Camps adquirió trajes por 12.783 euros pagados por Orange Market -una de las empresas de la trama supuestamente dirigida por Correa-, a cambio de otorgar adjudicaciones a esta sociedad, desde 2005 a 2009, por valor de unos cuatro millones de euros.

Garzón señaló que Camps adquirió «prendas y objetos disimulados en otros pedidos ajenos a las prendas obtenidas y, en algún supuesto, en facturas por gastos del stand de Fitur». Respecto a Costa, el juez dijo que adquirió trajes por valor de 7.325 euros, pagados también por empresas de Correa.