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Granada / Oviedo
La fosa común donde reposan los restos del poeta granadino Federico García Lorca permanecerá de momento cerrada. El Juzgado de instrucción número 3 de Granada ha rechazado asumir la causa de las exhumaciones de la fosa de Víznar donde supuestamente yacen los restos del autor de «Poeta en Nueva York» al no aceptar la inhibición propuesta por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, la Audiencia Nacional podría pedir ahora al Tribunal Supremo que resuelva sobre una cuestión de competencia entre ambos órganos judiciales para que decida cuál de ellos se queda con el caso.
La resolución del Juzgado granadino, que no se ha facilitado a los medios de comunicación, se produce a pesar de que el informe no vinculante emitido por la fiscalía consideraba que el Juzgado granadino sí era competente para asumir la instrucción de la causa.
En su informe, al que ha tenido acceso «Efe», el ministerio público pidió que el Juzgado de instrucción número 3 de Granada aceptara la investigación de estas diligencias al entender que los delitos de detención ilegal sin dar razón del paradero competen a los órganos judiciales territoriales de los lugares en los que se hayan cometido.
Así, entiende que deben ser los Juzgados de Granada los responsables del conocimiento de los hechos denunciados al hallarse las supuestas pruebas en el mismo, según las denuncias presentadas. El Decanato de los Juzgados granadinos asignó al número 3 este caso en el reparto de turno del pasado 1 de abril, después de que el juez Garzón se inhibiera en noviembre de 2008 de la causa al ser declarado no competente para instruir la investigación sobre las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo.
Poco antes de que Garzón se inhibiera, el pasado octubre, el juez de la Audiencia Nacional llegó a remitir al Decanato de Granada -y a los del resto de las provincias a las que afectaban las denuncias de asociaciones de familiares de desaparecidos- el exhorto sobre las condiciones en las que debería llevarse a cabo la exhumación. En esa comunicación, Garzón se refería al auto por el que autorizó, entre otros, el inicio, desarrollo o continuación de la exhumación de los restos del maestro de Pulianas Dióscoro Galindo y del banderillero Francisco Galadí, supuestamente enterrados junto con García Lorca.
El juez de la Audiencia Nacional llegó a admitir a trámite las denuncias de 22 asociaciones de familiares de desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo, entre ellas la de Nieves Galindo, nieta del maestro supuestamente enterrado en Víznar junto a Lorca y a los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas.
Por otra parte, una nieta del presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín ha recurrido ante el Constitucional la decisión del Supremo de no permitirle recurrir el archivo de una querella contra los jueces de la Audiencia Nacional que acordaron paralizar la apertura de fosas de la Guerra Civil.
En su recurso, Carmen Negrín considera vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva después de que el Supremo, en una providencia del pasado 15 de abril, no le permitiera recurrir el auto en el que el Alto Tribunal había acordado el 26 de febrero anterior no admitir la citada querella.
Los abogados de Negrín denuncian que la providencia del TS «ha sido adoptada en un contexto de absoluta impunidad y denegación de justicia continuada respecto a la ejecución de más de trescientos mil españoles, la desaparición forzada de más de cien mil y la privación de la libertad y confiscación de bienes a unos 3.400.000 españoles».
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