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Madrid / Oviedo, Agencias
El titular de Justicia, Francisco Caamaño, anunció que ha ordenado a la Abogacía del Estado personarse en el «caso Gürtel» por entender que están en juego delitos fiscales y el Gobierno «tiene la obligación de defender y velar por los intereses de todos los españoles». Mientras, la sala de admisión del Supremo examinó la exposición razonada del instructor de la causa y pidió al fiscal que informe de si el alto tribunal es competente y si aprecia indicios delictivos suficientes entre los aforados del PP Luis Bárcenas, Jesús Merino y Gerardo Galeote para asumir las investigaciones.
«Habiendo acreditado la Agencia Tributaria que existe esa posibilidad -la de delito- y haciéndolo en un informe, la obligación del Gobierno es personarse y defender los intereses de los españoles», aseguró Caamaño en alusión a la petición del Tribunal Superior de Madrid al Supremo para que se haga cargo de toda la causa sobre la supuesta trama de corrupción que salpica a cargos del PP y llame a declarar con urgencia por cohecho y delito fiscal al tesorero de este partido, Luis Bárcenas.
En respuesta a la acusación del PP de que el mal perder del PSOE en las elecciones europeas es lo que está moviendo al Gobierno en este caso, Caamaño negó que los resultados de las elecciones hayan influido en su actuación. «Tan pronto como el fiscal y los jueces trasladaron «la idea de que podía haber delitos contra Hacienda», el Ejecutivo pidió un informe a la Agencia Tributaria, añadió.
El Supremo acordó ayer preguntar a la fiscalía si debe asumir la totalidad o parte de la causa sobre la «trama Gürtel» que le remitió el Tribunal Superior de Madrid que llame a declarar como imputados a los parlamentarios del PP Bárcenas, Merino y Galeote. Además, pidió que se acredite su condición de aforados y nombró ponente de este asunto al magistrado Andrés Martínez Arrieta. Se trata de decisiones de la sala de admisión de causas especiales integrada por Juan Saavedra, el mencionado Arrieta, Miguel Colmenero, José Manuel Maza y Julián Sánchez Melgar.
El juez instructor Antonio Pedreira, que elevó la causa al Supremo, preguntará a este órgano a cuál de los dos tribunales compete levantar el secreto del sumario que caduca a final de mes y el PP ha insistido en reclamar. En este partido, el portavoz de Presupuestos, Vicente Martínez Pujalte, levantó ayer la voz para pedir al tesorero que reflexione sobre la conveniencia de que dimita. «No sé si es Rajoy el que tiene que cesar a Bárcenas o éste el que tenga que meditar acerca de su continuidad: debe pensarlo él y no debe pasar este asunto a una instancia superior del partido», dijo. Otros dirigentes como Dolores de Cospedal, Soraya Sáenz de Santamaría y Ana Mato optaron por la prudencia.
Por otra parte, dos ex ediles del PP, Jesús María Pacios y Reyes Tintó, que denunciaron casos de corrupción en el Ayuntamiento madrileño de Torrelodones ante el secretario regional, Francisco Granados, fueron espiados junto a sus familias en el verano de 2006. Los dosieres de los seguimiento se hicieron públicos ayer.
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