El Tribunal Supremo sólo investigará a los aforados del PP Bárcenas y Merino

Madrid / Oviedo, Agencias

El Supremo se declaró ayer competente para investigar al tesorero y senador del PP, Luis Bárcenas, y al diputado nacional Jesús Merino, por su relación con la trama de corrupción de Francisco Correa. El alto tribunal aprecia indicios de delito fiscal y cohecho, pero descarta imputarles por blanqueo de capitales y pertenencia al entramado. Además, ordenó al Tribunal Superior de Madrid que continúe con la instrucción del «caso Gürtel», exceptuando la relativa a estos aforados.


Respecto a Bárcenas, el Supremo afirma que las anotaciones en los documentos del piso perteneciente a la red de Correa y las de la contabilidad intervenida «son indiciariamente expresivas de la recepción de cantidades económicas, también del abono de un viaje turístico, y destaca que «se identifica su nombre, con las iniciales de su nombre y apellido, con su apellido o con la expresión Luis "el cabrón"». La Sala de lo Penal ve insuficientes las alegaciones del tesorero ante el informe de la Agencia Tributaria.


En cuanto a Merino, el auto explica que «los indicios de la realidad de las percepciones resultan de una doble fuente», por un lado la documentación intervenida en el registro domiciliario de la trama y, por otro, un soporte informático con la contabilidad oculta del grupo de empresas de Correa. «Como quiera que esas cantidades entregadas presuntamente al aforado no se corresponden con actividades profesionales o de otro tipo que puedan justificar su recepción», los indicios sobre la comisión de un delito de cohecho resultan, en principio, suficientes. Del mismo modo, la investigación irá dirigida a depurar «los delitos fiscales en los que pudiera haber incurrido en caso de incumplimientos de las obligaciones fiscales correspondientes a los ingresos indiciariamente detectados».


En lo referente a los delitos apuntados de pertenencia al entramado corrupto o su participación en blanqueo, la Sala de lo Penal considera que no hay datos concretos que permitan la imputación tanto de Bárcenas como de Merino. Sin embargo, pone de manifiesto que si tanto el magistrado instructor de la causa en el Tribunal Superior de Madrid, Antonio Pedreira, como el juez instructor en el Supremo, Francisco Monterde, encuentran nuevos indicios en este sentido «lo deberán participar a esta Sala». Monterde fue vocal del Poder Judicial a propuesta del PP y lleva 25 años sin investigar.


El Supremo no investigará a Gerardo Galeote, ya que perderá su condición de aforado tan pronto como se constituya el nuevo Parlamento europeo. El tribunal considera que la actuación sobre Bárcenas y Merino es «escindible del resto de la instrucción judicial», por lo que el Tribunal Superior de Madrid seguirá encargándose del resto de la causa. Una vez notificado el auto, el caso pasa al instructor Valverde, que deberá exponerlo a la Sala para que esta tramite los correspondientes suplicatorios al Congreso y al Senado, aunque en el caso de Bárcenas este trámite no es necesario debido a su disposición de comparecer voluntariamente.


En Génova la noticia ha sido acogida con «tranquilidad» porque el Supremo deja claro que «no hay una causa general» contra el PP, como defendían Baltasar Garzón y la Fiscalía. En este sentido, destacan en un argumentario interno que el tribunal «no aprecia conexiones entre las empresas de los aforados y la trama». Los populares esperan que Bárcenas declare antes de que el Supremo tenga el suplicatorio.


El PP sostiene que con esta decisión el Supremo confirma que no se ha financiado ilegalmente. Esta semana, Mariano Rajoy, afirmó que para actuar necesita «alguna prueba» y que hasta entonces tiene que ser «obligatoriamente justo». Esperanza Aguirre dijo que «ya no hay excusa» para mantener el secreto del sumario: «Nadie se va a escapar».


Mientras, el magistrado Pedreira imputó ayer al empresario Francisco de Paula Jurado Argaz por su presunta participación en el entramado y por delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capital y falsedad, tras tomarle declaración. Además, interrogó a Juan Antonio Camargo Muñoz, funcionario del Ayuntamiento de Alcalá, y a Miguel González Martínez, funcionario de Boadilla. En este Ayuntamiento y en el de Majadahonda fue intervenida documentación económica.