Madrid / Oviedo
El Tribunal Supremo (TS) acordó ayer elevar al Parlamento los suplicatorios para seguir investigando y proceder contra el senador por Cantabria y ex tesorero del PP Luis Bárcenas y el diputado popular por Segovia Jesús Merino, imputados en el «caso Gürtel» por los delitos de cohecho y fraude fiscal. La decisión ha sido tomada menos de 24 horas después de que dimitiese Bárcenas como tesorero.
Ahora es el presidente del TS, Carlos Dívar, quien debe elevar formalmente el suplicatorio a los presidentes del Senado, Javier Rojo, y del Congreso, José Bono, para proceder «con todas las consecuencias legales» contra Merino y Bárcenas.
El senador, que ayer acudió al Senado para participar en las votaciones del proyecto de ley sobre la nueva financiación de RTVE, rehuyó a la prensa y eludió hacer cualquier comentario sobre la decisión adoptada por el Supremo. Abordado por una nube de periodistas, Bárcenas cruzó a toda velocidad el pasillo limitáneo con el Hemiciclo y se dirigió al aparcamiento.
El Congreso y el Senado contarán con un plazo de sesenta días, a partir del próximo 1 de septiembre, para resolver los suplicatorios, momento hasta el cual quedarán suspendidas las actuaciones judiciales relativas a los dos parlamentarios. Las Cámaras escucharán a éstos en audiencia antes de que sus plenos voten sobre la petición del Supremo.
Si en el plazo de dos meses las Cámaras no se pronunciasen, los suplicatorios se entenderán denegados. En el caso de que el Senado o el Congreso negasen la autorización, la causa se sobreseerá en lo que afecte al parlamentario implicado, pero continuará contra los demás procesados.
Se da la circunstancia de que Bárcenas forma parte de la Comisión de Suplicatorios del Senado, por lo que tendrá que inhibirse cuando se tramite su caso. El Senado ha tramitado desde el inicio de la democracia 50 suplicatorios y, de ellos, 29 han sido concedidos.
La tramitación del suplicatorio no ha representado sorpresa alguna para el PP ya que tanto el presidente del partido, Mariano Rajoy, como el propio Bárcenas sabían desde el martes -día en el que el senador presentó su dimisión como tesorero- que la decisión del tribunal era inminente.
«Mi familia y yo no aguantamos más, estamos agotados», fueron las palabras que el senador popular trasmitió a Rajoy durante la reunión que mantuvieron el pasado martes en la sede nacional del partido, tras la que se anunció la dimisión.
A la renuncia de Bárcenas siguió ayer la del diputado Merino, quien deja su cargo de coordinador de comisiones en la dirección del Grupo Popular en el Congreso. Tanto Bárcenas como Merino mantendrán sus escaños, por lo que el suplicatorio es un trámite obligatorio para proceder penalmente contra ellos, como ha solicitado la Fiscalía, ya que siguen estando aforados.
Según las investigaciones del «caso Gürtel», el senador habría recibido 1.353.000 euros y el abono de un viaje turístico a cambio de adjudicar contratos a las empresas del presunto líder de la trama corrupta vinculada al PP, Francisco Correa. Por su parte, Merino habría sido gratificado con 230.000 euros por sus gestiones.
Ambos aforados se defendieron ante el TS de estas acusaciones la semana pasada, cuando declararon voluntariamente y como imputados provisionales ante el magistrado instructor del caso.
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